El jefe de los fiscales penales de Tucumán, Edmundo Jiménez, concentra un poder pocas veces visto en la Justicia provincial. A sus 81 años, el ministro fiscal maneja a discreción el destino de los fiscales y auxiliares del Ministerio Público: dispone traslados, reestructuraciones y rotaciones que funcionan como un sistema de premios y castigos, según su voluntad.

Una estructura hecha a medida

La arquitectura de la impunidad en Tucumán no es producto del azar. Fue diseñada y consolidada durante años por Jiménez, quien logró que la Legislatura aprobara una reforma del Código Procesal Penal que le otorgó aún más margen de maniobra.

Desde el 1° de septiembre de 2020, Tucumán funciona con un doble sistema judicial: el viejo modelo "conclusional", para causas anteriores, y el nuevo sistema adversarial, que divide a los fiscales en unidades especializadas por tipo de delito.

En teoría, esa segmentación debía mejorar la eficiencia y la especialización. En la práctica, Jiménez mueve las piezas del tablero a su antojo. Hoy existen 18 unidades fiscales, casi el doble que en 2003, cuando eran apenas 10. Hay fiscalías de homicidios, robos y hurtos, delitos sexuales, usurpaciones, estafas, narcomenudeo, delitos complejos, criminal, ejecución y decisión temprana. Pero la especialización dura lo que decida su jefe.

El caso de Karla Robles desnudó los manejos internos de Pirincho Jiménez. Al principio, la causa la llevaba la Unidad Fiscal contra la Integridad de las Personas, que ya desapareció y cuyos legajos fueron redistribuidos entre los otros despachos.

Premios, castigos y traslados

El poder de Jiménez no requiere controles externos. Puede modificar el organigrama sin consultar a la Corte Suprema ni a ningún otro poder del Estado.

De un día para otro, un fiscal puede cambiar de oficina y de materia, simplemente por un capricho. Quienes no acatan sus órdenes pueden terminar "desterrados" a los centros judiciales de Monteros o Concepción.

El caso de la fiscal Eugenia Posse es paradigmático. Fue la primera en investigar la violación en manada de cuatro ex jugadores de Vélez Sarsfield. Hoy está en Monteros. La causa, en cambio, quedó en manos de Adriana Reinoso Cuello, una funcionaria cercana a Jiménez, que tiene el expediente desde hace 19 meses sin elevarlo a juicio. El caso, mientras tanto, está empantanado en la burocracia judicial.

Los auxiliares fiscales: la cara invisible del sistema

Si el panorama de los fiscales es discrecional, el de los auxiliares fiscales es directamente precario. Muchos cumplen funciones idénticas a las de un fiscal, pero sin estabilidad y sin la remuneración correspondiente.

Algunos comenzaron con rango de secretarios; otros ingresan con designaciones anuales que se renuevan -o no- según la voluntad de Jiménez.

"Igual trabajo, distinto salario" parece ser la regla no escrita dentro del Ministerio Público.

La inamovilidad, un privilegio selectivo

Mientras tanto, la Legislatura -con mayoría del PJ- se encargó de blindar la inamovilidad de jueces y fiscales titulares, protegiendo así a quienes integran la estructura de poder judicial.

Paradójicamente, esa misma inamovilidad fue el argumento con el que el gobernador Osvaldo Jaldo desistió de jubilar a funcionarios mayores de 70 años.

Entre los beneficiados está el propio Edmundo "Pirincho" Jiménez, que a sus 81 años continúa moviendo los hilos de la Justicia tucumana desde el Ministerio Público Fiscal.

Un poder sin control

La reestructuración permanente del Ministerio Público, los traslados arbitrarios y la precariedad laboral de los auxiliares conforman un esquema funcional a la concentración de poder.

Un sistema diseñado para garantizar lealtades, disciplinar a los díscolos y mantener el control político y judicial en manos de un solo hombre.

Una verdadera arquitectura de la impunidad, cuidadosamente construida y sostenida durante más de dos décadas.