La seguidilla de femicidios ocurridos en Tucumán volvió a encender todas las alarmas y colocó a la provincia en el centro del debate nacional. Los casos registrados en San Cayetano y Manantial Sur no solo generaron conmoción social, sino que también activaron una comparación tan dura como inquietante: "Tucumán se parece cada vez más a Ciudad Juárez", el tristemente célebre enclave mexicano marcado por la violencia extrema contra las mujeres.

La frase no surge del sensacionalismo, sino del análisis de especialistas en género y derechos humanos, que observan patrones reiterados de crueldad, mensajes de disciplinamiento social y falencias estructurales del Estado para prevenir, investigar y sancionar este tipo de crímenes.

Un paralelismo que incomoda: violencia, mensaje e impunidad

La abogada y especialista violencia de género Carolina Ballesteros advirtió en comunicación radial con la periodista Carolina Fernández que estos femicidios no pueden leerse como hechos aislados. "Cuando los cuerpos aparecen de esta manera, hay un mensaje hacia toda la sociedad, especialmente hacia las mujeres", sostuvo, al trazar el paralelismo con Ciudad Juárez, donde durante años los asesinatos funcionaron como mecanismos de terror y control social.

Según el análisis, en Tucumán comienzan a repetirse elementos preocupantes: violencia extrema, contextos de vulnerabilidad, demoras en las investigaciones y una sensación de impunidad persistente.

A esto se suma el impacto social del miedo, que modifica rutinas y limita libertades, especialmente en barrios populares.

Ballesteros recordó que, si bien desde 2014 hubo avances normativos y judiciales en materia de género, en los últimos años se registraron retrocesos, tanto en políticas públicas como en presupuesto, prevención y acompañamiento a las víctimas.

Emergencia ausente y un Estado en deuda

Uno de los puntos más críticos señalados por especialistas y organizaciones es la ausencia de una Ley de Emergencia en Violencia de Género en la provincia. La falta de esta herramienta, advierten, deja al descubierto un sistema fragmentado, sin respuestas rápidas ni dispositivos suficientes para actuar antes de que la violencia escale hasta el femicidio.

A esto se suma la escasez de estadísticas oficiales actualizadas, lo que dificulta dimensionar la magnitud real del problema y diseñar políticas públicas eficaces. "Sin datos no hay diagnóstico, y sin diagnóstico no hay soluciones", remarcan desde los espacios feministas.

Mientras tanto, el reclamo social crece. Marchas, pronunciamientos y pedidos de justicia se multiplican, con una consigna clara: basta de femicidios, basta de mirar para otro lado. La comparación con Ciudad Juárez funciona como advertencia y como límite: un escenario que Tucumán no puede ni debe repetir.

La pregunta que queda flotando es urgente y política: ¿qué más tiene que pasar para que la violencia contra las mujeres sea tratada como una verdadera emergencia?