Un decreto para frenar la violencia escolar

El Gobierno de Tucumán oficializó nuevas medidas de seguridad tras una serie de amenazas en establecimientos educativos. A través del Decreto N° 772/7 M.S., firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa, se dispuso endurecer las sanciones contra estudiantes que alteren el orden escolar.

La normativa surge en un contexto de alarma por episodios recientes, como amenazas de tiroteo en colegios de la capital y el caso de un alumno que ingresó armado a una escuela, lo que generó fuerte preocupación en la comunidad educativa.

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Expulsiones y sanciones más severas

El decreto habilita la expulsión del sistema educativo provincial durante el ciclo lectivo vigente para aquellos alumnos que incurran en conductas peligrosas. La medida apunta a reforzar la disciplina y garantizar el normal desarrollo de las clases.

Además, se establece que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, serán responsables del cuidado de los alumnos. En caso de incumplimiento, podrían perder subsidios o aportes del Estado, lo que eleva la presión sobre directivos y autoridades escolares.

Intervención policial y control preventivo

Otro de los puntos clave es la intervención directa del Ministerio de Seguridad y la Policía. Se los instruyó a actuar de forma preventiva ante situaciones de riesgo, incluyendo amenazas, vandalismo o cualquier hecho que altere la convivencia escolar.

Esto implica que las fuerzas podrán intervenir dentro y fuera de los establecimientos, trasladando a quienes generen peligro para el orden público o la seguridad de la comunidad educativa.

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Responsabilidad de padres y posibles traslados

El decreto también pone el foco en los adultos responsables. Padres, tutores y responsables legales podrán ser sancionados administrativa y judicialmente por las conductas de los menores, además de responder por los daños ocasionados.

En los casos más graves, la medida contempla el traslado de los estudiantes a instituciones especializadas como el Instituto Socioeducativo Cura Brochero, siempre con intervención previa del Poder Judicial.

Un contexto de creciente preocupación

La decisión del Ejecutivo provincial se da tras una seguidilla de episodios que encendieron las alarmas en el sistema educativo, incluyendo amenazas de bomba y mensajes intimidatorios en colegios.

Con esta normativa, el Gobierno busca reforzar la prevención y enviar una señal clara frente a hechos de violencia escolar, en un escenario donde la seguridad dentro de las aulas se convirtió en una prioridad urgente.

Fuente: tendenciadenoticias.com.ar