Federico Punturo había sido denunciado por acosar a la misma joven durante más de 12 años. En noviembre de 2024, la víctima declaró: "Nada me garantiza que de acá a dos meses vaya a estar viva", visibilizando la gravedad del acoso sostenido en el tiempo.

El imputado fue procesado por desobedecer una orden de restricción del Juzgado Civil V de Familia. Inicialmente se le asignó arresto domiciliario y evaluación en el Hospital Obarrio, pero tras apelaciones de la fiscal Adriana Reinoso Cuello y el abogado de la víctima, Patricio Char, se le dictó prisión preventiva y luego un régimen de probation con estrictas condiciones.

Condiciones incumplidas y orden de detención

Entre las obligaciones de la probation estaban:

Residencia obligatoria en Santiago del Estero bajo supervisión.

Control regular del Patronato de Internos y Liberados.

Prohibición de ingresar a Tucumán sin autorización judicial.

Uso permanente de pulsera electrónica.

Tratamiento psicológico y abstinencia de alcohol y drogas.

Pago de $300.000 como reparación económica a la víctima.

Tareas comunitarias y asistencia a cursos de perspectiva de género.

Menos de nueve meses después, Punturo se arrancó la pulsera y dejó de cumplir con las condiciones, lo que derivó en la emisión de una orden de captura. La querella solicitó reforzar la custodia de la víctima y revisar los mecanismos judiciales aplicados, recordando el caso emblemático de Paola Tacacho.

Finalmente, la Justicia logró la detención del imputado, poniendo fin a la intensa búsqueda y garantizando la continuidad de la protección de la víctima.