La resolución, plasmada en el Acuerdo N° 229 y firmada por Miguel Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricchi y Marcelo Vidal, representa un fuerte "tirón de orejas" administrativo para la cartera que ahora depende del Ministerio del Interior. El TC aplicó un Control Posterior de Legalidad, ya que el gasto se efectuó antes de ser comunicado al Tribunal, violando el carácter preventivo que exige la normativa vigente.

Los puntos críticos de la auditoría

El conflicto administrativo se centra en la contratación de la firma Operadores Turísticos SRL para el traslado y estadía de la delegación tucumana entre septiembre y octubre de 2025:

Falta de instrumentos legales: la Secretaría admitió que el gasto no contaba con un decreto autorizante previo a su ejecución.

Anticipos sin rendir: se detectó que en octubre de 2025 se otorgaron $200 millones extrapresupuestarios cuyo destino final aún no ha sido acreditado fehacientemente por la repartición.

Incumplimiento de la Ley 6970: el TC recordó la obligatoriedad del Artículo 127, que exige que todo acto referido a la hacienda pública sea comunicado antes de su ejecución.

La defensa oficial: "Transición Administrativa"

El Secretario de Deportes, Diego Erroz, justificó las desprolijidades alegando una "etapa de transición" de la repartición, que pasó de la órbita de Educación a la del Ministerio del Interior. Según el funcionario, esta situación excepcional dificultó los plazos ordinarios de contratación.

Para validar el pago de la factura de más de $500 millones, el Ejecutivo invocó el principio de "enriquecimiento sin causa", argumentando que, como el servicio fue efectivamente prestado y la empresa resultó ser la oferta más baja, el Estado no podía desconocer la deuda a pesar de las fallas administrativas.

Consecuencias y apercibimiento

Aunque el Tribunal permitió el avance del trámite para evitar un perjuicio mayor al proveedor, formuló una advertencia estricta: la Secretaría deberá informar de inmediato el destino de los fondos y ajustarse a derecho en lo sucesivo. Este antecedente se suma a las tensiones internas del gabinete, donde el Ministro del Interior (Darío Monteros) ya enfrenta cuestionamientos por otros frentes políticos y sociales.