Una nueva denuncia ante la Justicia Federal de Tucumán puso otra vez en el centro de la escena a Susana Trimarco, presidenta de la Fundación María de los Ángeles, organización que desde hace años asiste a víctimas de trata de personas.

El planteo judicial fue presentado por los comerciantes Cynthia Rosa Gaitán y Jhonathan David Aguilar, quienes aseguran haber alquilado un inmueble estatal en la zona de El Bajo directamente a Trimarco, mediante un acuerdo firmado el 7 de agosto de 2024 con su apoderado Augusto Reinoso.

Representados por el abogado Ernesto Baaclini, los denunciantes sostienen que el local -ahora clausurado tras un allanamiento del 22 de octubre- fue obtenido legítimamente mediante un pago inicial de seis millones de pesos (parte en dólares) y un canon mensual de tres millones.

La situación escaló cuando el apoderado de la fundación, Carlos Abel Albarracín, los intimó a desalojar el inmueble por "ocupación ilegal". Los comerciantes rechazaron la acusación y afirman haber alcanzado un acuerdo extrajudicial con Trimarco para evitar una disputa mayor.

Poco después, el local fue allanado por una denuncia anónima que los vinculaba con venta de mercadería de contrabando. Según los denunciantes, esa presentación habría sido impulsada por la propia Trimarco "para justificar la intervención judicial y recuperar el inmueble", el cual pertenece al Estado Nacional y, por lo tanto, no podría ser objeto de alquiler privado.

En su presentación ante el Juzgado Federal N°1, a cargo del juez José Manuel Díaz Vélez, los denunciantes pidieron allanamientos en la sede de la Fundación María de los Ángeles, solicitando el secuestro de documentación, registros contables y teléfonos de los responsables, para comprobar los supuestos pagos.

La respuesta de la Fundación: "No tenemos ningún vínculo con ese inmueble"

Tras la difusión de la denuncia, la Fundación María de los Ángeles emitió un comunicado en el que negó rotundamente cualquier relación con el local allanado.

"Esta institución no es propietaria ni posee inmuebles en ningún punto de la provincia", aclararon, subrayando que el espacio mencionado "se encuentra bajo la órbita del Estado Nacional, en el marco de una causa por trata de personas".

Además, precisaron que el único inmueble cedido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a la fundación se ubica en Sargento Gómez 58, distinto del señalado por los denunciantes (Sargento Gómez 60), y que actualmente "permanece vacío y a disposición de la sociedad".

Hasta la noche del jueves, los representantes legales de la organización afirmaban no haber sido notificados oficialmente sobre la denuncia federal.

Trimarco sobre la denuncia: "Han armado un circo mediático"

En diálogo con Enterate Play, Susana Trimarco rompió el silencio para desmentir las versiones y explicar su posición.

"La verdad es que yo no estuve en Tucumán y recién ahora salgo a responder a todas estas barbaridades. Han armado un circo mediático", aseguró, apuntando nuevamente contra Baaclini, a quien acusó de "violento y malintencionado".

La fundadora de la organización explicó que el espacio en cuestión fue cedido temporalmente a un grupo de personas con la intención de generar fondos para cubrir gastos básicos de la fundación -como luz, gas y alimentación de las víctimas-, pero que el acuerdo se rompió por incumplimientos y conflictos.

"Al principio cumplieron, pero después empezaron los problemas: no pagaban la luz, no respetaban lo acordado y hasta hubo denuncias por estafas. Entonces decidimos terminar con eso y devolver el lugar", relató.

"Prefiero que el dinero vaya a las víctimas, no quiero ese lugar"

Trimarco explicó que el inmueble fue entregado al Poder Judicial y que pidió expresamente que se remate el lugar para que el dinero obtenido sirva como reparación económica para las mujeres que fueron explotadas allí.

"Yo no quise que ese espacio quedara a nombre de la fundación. No tenemos fondos para mantenerlo y prefiero que el dinero vaya a las chicas que sufrieron en ese lugar. Ellas lo merecen", afirmó.

La activista también insistió en que no tiene interés en extender el conflicto:"No me interesa quedarme con nada ni perder tiempo en peleas judiciales. Mi energía está puesta en acompañar a las chicas, darles de comer, comprar sus remedios y ayudarlas a reconstruir su vida".