La causa judicial que investiga a Sur Finanzas por presunto lavado de activos sumó un elemento de alto impacto: la Justicia determinó que dentro de la empresa existió un plan sistemático, organizado y jerárquico destinado a eliminar pruebas y ocultar documentación clave antes y después de los allanamientos.

El expediente está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella y de la fiscal Cecilia Incardona, y pone el foco en el funcionamiento interno de la financiera liderada por Ariel Vallejo, empresario vinculado al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Órdenes para borrar cámaras y formatear equipos

Según la investigación, entre el 1 y el 11 de diciembre de 2025 se activó un verdadero protocolo de emergencia para hacer desaparecer evidencia sensible. Las maniobras incluyeron el borrado de registros de cámaras de seguridad, el retiro de dinero en efectivo, el formateo masivo de computadoras, la desconexión de sistemas internos y el ocultamiento de dispositivos electrónicos.

Los investigadores reconstruyeron la operatoria a partir de chats internos, que expusieron una clara cadena de mando. En la madrugada del 1° de diciembre, Daniela Sánchez, secretaria de Vallejo, envió instrucciones directas a la tesorera Micaela Sánchez, hoy procesada con arresto domiciliario por encubrimiento.

En esos mensajes se ordenó que un empleado "vaya a recaudar dinero", que otro "borre las cámaras" y que un técnico de sistemas "se quede en su casa", con el objetivo de despejar el camino para la limpieza digital.

Cuadernos ocultos y CPUs retirados

La causa también reveló intentos de ocultar documentación física y contabilidad paralela. En un intercambio de mensajes, una cajera le recordó a la tesorera que tenía "dos cuadernos bien guardados", diálogo que para la Justicia prueba la existencia de registros fuera del circuito formal.

Además, se detectaron órdenes para desconectar los programas de las computadoras de los cajeros, retirar CPUs, celulares y hardware del depósito y montar guardias internas para controlar los movimientos en las instalaciones de la empresa.

El allanamiento en Turdera y las detenciones

Las maniobras quedaron al descubierto el 11 de diciembre, cuando un vecino alertó a la fiscalía sobre una "mudanza" sospechosa realizada por camionetas de Sur Finanzas hacia un galpón en Turdera, partido de Lomas de Zamora.

Durante el allanamiento, la Policía Federal encontró cajas con documentación, servidores, cajeros automáticos y cajas fuertes. En ese contexto fue detenida Micaela Sánchez, sorprendida intentando ocultar teléfonos celulares, junto a dos choferes de la empresa.

El 23 de diciembre, el juez Armella procesó a Sánchez y a los choferes Sergio Da Silveira y Juan Cervín por encubrimiento agravado, bajo la modalidad de prisión preventiva domiciliaria.

La defensa de Vallejo y el avance de la causa

Desde el entorno de Ariel Vallejo negaron que el empresario haya dado órdenes para destruir pruebas y sostuvieron que los empleados podrían haber actuado por cuenta propia. La defensa argumenta que la destrucción de material para evitar la autoincriminación no constituiría un delito autónomo.

Mientras tanto, la causa sigue avanzando: la Justicia analiza cerca de 40 teléfonos celulares y una compleja trama de movimientos millonarios en efectivo, préstamos inflados y el uso de monotributistas sin capacidad económica real para simular operaciones financieras.

La investigación sobre Sur Finanzas se consolida así como uno de los expedientes más sensibles del fuero federal, con derivaciones que podrían escalar tanto en el plano judicial como en el político y deportivo.