La posibilidad de que el Gobierno nacional restablezca los niveles previos de retenciones a los granos a partir de julio podría tener un impacto demoledor en el agro, especialmente en las zonas menos favorecidas del país. Según un informe del IERAL (Fundación Mediterránea), la rentabilidad de los productores podría desplomarse hasta un 74% en áreas extrapampeanas si se revierte la baja transitoria de alícuotas que rige hasta el 30 de junio.

En la región núcleo (sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires), la caída sería más moderada, entre un 11% y un 12%, lo que representa una merma de entre 30 y 60 dólares por hectárea. Pero en zonas como el norte de Córdoba, Santiago del Estero o Tucumán, los números se tornan críticos: la pérdida podría llegar al 74%, es decir, entre 32 y 43 dólares por hectárea, dependiendo si se trabaja en campo propio o alquilado.

¿Qué está en juego para el productor agropecuario?

El informe elaborado por el economista Franco Artusso se basa en modelos productivos reales de dos zonas agrícolas (núcleo y extrapampeana) con distintas condiciones de suelo, distancias al puerto y estructuras de costos. En todos los casos analizados -una escala de 500 hectáreas con siembra mitad soja y mitad maíz- se muestra cómo el regreso de las retenciones al nivel anterior (del 33% para soja y 12% para maíz) modificaría drásticamente la rentabilidad.

Además, se contempla el impacto del esquema de tenencia de la tierra: mientras que el propietario puede amortiguar el golpe, los arrendatarios sufren más, debido al peso del canon, que se calcula en quintales de soja a precio FAS Rosario.

El estudio también estima que, si se aplica la suba, el Estado nacional y provincial aumentaría su recaudación entre un 11% y un 20%, con ingresos fiscales adicionales de entre 44 y 70 dólares por hectárea.

Efecto recaudatorio limitado, pero gran daño al desarrollo productivo

Más allá del alivio inmediato que pueda significar para las arcas públicas, el efecto neto en términos fiscales no sería significativo: apenas un 0,1% del PBI, según los cálculos del IERAL. A cambio, el informe advierte que se generarían efectos contraproducentes para el sector agropecuario: menos inversión, menor adopción de tecnología, reducción de la superficie cultivada y abandono de zonas marginales.

En un contexto donde el Gobierno había dado señales de avanzar en la eliminación gradual de los derechos de exportación, una marcha atrás se interpretaría como una señal negativa, especialmente para los productores del interior profundo, que ya operan con márgenes más ajustados.

El documento cierra con una propuesta de reforma fiscal que permita eliminar progresivamente las retenciones sin resignar ingresos, a través de una mejor estructura tributaria que incentive la producción y el agregado de valor.