Sturzenegger declaró un aumento patrimonial de $970 millones y la mayoría lo tiene en el exterior
El ministro de Desregulación presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. El informe revela un fuerte crecimiento patrimonial y más de 1,4 millones de dólares depositados fuera de la Argentina.
Un fuerte salto patrimonial en su última declaración jurada
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó su declaración jurada correspondiente a 2024 ante la Oficina Anticorrupción, donde informó un incremento patrimonial cercano a los $970 millones respecto del año anterior.
El documento oficial expone que gran parte de sus bienes se encuentran invertidos en instrumentos financieros y depósitos bancarios, con un marcado perfil de dolarización de sus activos.
Según los datos declarados, más de 1,4 millones de dólares de su patrimonio se encuentran depositados en cuentas en el exterior, una característica que ya había aparecido en presentaciones previas del funcionario.
La mayor parte de su liquidez está fuera del país
La declaración jurada revela que una porción significativa de la liquidez del ministro está radicada fuera de la Argentina, lo que refuerza una tendencia financiera que mantiene desde hace años.
En informes anteriores, incluso, los fondos en el exterior llegaron a representar cerca del 99% de su liquidez total, según los registros presentados ante el organismo de control.
El crecimiento patrimonial del funcionario se da en un contexto donde el Gobierno nacional impulsa políticas de ajuste fiscal y reducción del gasto público, medidas que el propio Sturzenegger promueve dentro del gabinete del presidente Javier Milei.
La polémica por el contrato de la institución que preside su esposa
La difusión de los datos patrimoniales coincidió con otra controversia política que involucra a la esposa del funcionario, María Josefina Rouillet.
Rouillet preside la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad que recientemente firmó un contrato directo con la Cancillería por $114 millones para brindar capacitación en inglés a diplomáticos argentinos hasta 2026.
El acuerdo fue otorgado bajo el criterio de "especialidad", ya que la AACI fue la única institución que se presentó como oferente en el proceso.
Denuncias y críticas desde la oposición
El contrato generó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición, que presentaron denuncias penales por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.
Los críticos señalan que el acuerdo se produce en medio de la política de recorte del gasto estatal impulsada por el propio Gobierno, lo que generó un fuerte debate político.
Por su parte, el secretario de Finanzas y canciller en funciones, Pablo Quirno, defendió el procedimiento al asegurar que se cumplieron todos los protocolos de transparencia y que el convenio incluye un "Pacto de Integridad".