Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), solicitó a la Justicia que le devuelvan 80.000 dólares y 2.000 euros incautados de su caja de seguridad durante los operativos por la causa de corrupción que afecta al organismo.

Su defensa, a cargo del abogado Mauricio D'Alessandro, sostiene que el dinero estaba allí un año antes de que Spagnuolo ingresara a la función pública y que no se retiró desde abril de 2023, previo a su designación por el presidente Javier Milei. Por ello, consideran que no puede vincularse con su actividad como funcionario.

Investigación por sobreprecios y cartelización

Spagnuolo fue indagado acusado de liderar una organización que direccionaba las compras de medicamentos de alto costo para personas con discapacidad o beneficiarios de planes sociales, aplicando sobreprecios y favoreciendo a determinadas droguerías.

Junto con él, otros 15 sospechosos fueron indagados. El juez Casanello deberá resolver las situaciones procesales mientras escucha al fiscal Franco Picardi y a la querella, la Fundación Poder Ciudadano, que según fuentes judiciales se opondrán a la devolución del dinero.

La fiscalía señaló que la presencia de esos fondos es uno de los elementos de cargo en la causa. Los bienes de Spagnuolo se incrementaron desde su ingreso a la función pública, y el caso se intensificó luego de la difusión de audios en los que el exfuncionario admitía pagos de coimas y sobreprecios en la Andis.

Audios y pruebas en disputa

Los audios filtrados, difundidos por el streaming Carnaval y cuya propiedad se atribuye al tesorero de la AFA Pablo Toviggino, fueron cuestionados por la defensa por supuesta manipulación mediante inteligencia artificial. La Cámara Federal ordenó peritarlos.

Mientras tanto, el fiscal y el juez avanzaron con la recolección de evidencia a partir de los celulares de los implicados, logrando reconstruir un entramado de direccionamiento de compras y pagos indebidos dentro de la Andis.

Según la fiscalía, la maniobra involucraba sobornos a funcionarios y afectaba al Programa Incluir Salud, destinado a personas en situación de vulnerabilidad extrema. Entre los acusados también aparece Miguel Ángel Calvete, vinculado a droguerías proveedoras y señalado como un "director paraestatal" dentro de la agencia.