La iniciativa fue presentada por la concejala Gabriela Garolera y establece la creación del Programa Municipal de Ejemplaridad, Transparencia y Aptitud Integral en la Función Pública, que obliga a controles preventivos, periódicos y sorpresivos para integrantes del Ejecutivo municipal, concejales, jueces de faltas y funcionarios de gabinete .

Un proyecto que irrumpe en un momento crítico

La propuesta no llega en un vacío político. Su presentación se da en pleno avance de una causa judicial que investiga la muerte de una joven, donde una funcionaria del ámbito judicial es señalada públicamente -aunque sin imputación- por su cercanía personal con uno de los principales acusados, lo que disparó cuestionamientos sobre posibles maniobras de encubrimiento.

En ese marco, la sospecha no recae únicamente sobre una persona, sino que se extiende al funcionamiento de la Justicia en su conjunto, alimentada por versiones sobre una fiesta previa a la muerte de la víctima, presunto consumo de sustancias y demoras que aún no tienen explicación pública convincente.

Sin formular acusaciones directas, el proyecto apunta al corazón del problema: la vulnerabilidad institucional frente a intereses espurios, adicciones o condicionamientos personales que puedan afectar la toma de decisiones públicas.

Qué propone la ordenanza

El texto establece que los funcionarios deberán someterse a controles toxicológicos amplios, que incluyen cocaína, marihuana, drogas sintéticas, benzodiacepinas y opioides, entre otras sustancias, con protocolos estrictos de cadena de custodia, confidencialidad y contraprueba.

El proyecto fundamenta la medida en la Constitución Nacional, la Constitución de Tucumán y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y sostiene que no puede combatirse el narcotráfico ni garantizar justicia si quienes gobiernan o juzgan están expuestos a consumos problemáticos o presiones externas .

El mensaje político detrás del texto

Más allá del articulado técnico, la ordenanza funciona como una señal política directa en medio de una tormenta institucional: la exigencia social de que quienes administran poder den garantías reales de idoneidad, lucidez y ejemplaridad, especialmente cuando una muerte violenta expuso relaciones personales, silencios incómodos y una Justicia bajo sospecha.

En un clima donde cada decisión judicial es observada con desconfianza, el debate que se abre en Yerba Buena promete exceder lo municipal y meterse de lleno en una discusión más profunda: hasta qué punto el sistema de poder está dispuesto a controlarse a sí mismo.

FUENTE: Que Diario