La crisis en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad llegó a un punto de no retorno. Los prestadores anunciaron un paro nacional de tres días -que se llevará a cabo esta semana y la próxima- para visibilizar una situación desesperante: hay instituciones que no perciben pagos del Estado desde octubre de 2025. "Ya estamos en marzo y un hogar donde viven personas con discapacidad sigue sin cobrar", advirtió Carolina Armeloni, directora del Centro Cate.psi, en diálogo con Cadena 3. 

La falta de fondos impide el pago de salarios y el mantenimiento de servicios básicos de alimentación y vivienda.

Burocracia y traspasos: el origen de las demoras

Según los referentes del sector, el problema se agravó tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su posterior traspaso como secretaría bajo la órbita del Ministerio de Salud. Esta reestructuración generó "trabas burocráticas" y demoras administrativas que congelaron el flujo de fondos hacia las obras sociales y prepagas, que dependen de los giros del Tesoro Nacional. 

Mientras el Gobierno habla de reordenamiento, las instituciones grandes que ofrecen servicios integrales (comida, vivienda y terapias) aseguran estar en una situación de asfixia total.

Transporte paralizado: pacientes sin acceso a tratamiento

Uno de los puntos más críticos de la crisis es la parálisis del transporte especializado. La enorme deuda acumulada, sumada al aumento de los costos operativos, ha provocado que cientos de transportistas dejen de prestar servicio. "Ya no tienen para cargar combustible", explicó Armeloni. Esto genera un efecto dominó: los concurrentes no pueden llegar a los centros de día o educativos terapéuticos, lo que interrumpe tratamientos de los cuales, en muchos casos, depende la vida o la estabilidad respiratoria de los pacientes.

Atraso arancelario: una pérdida del 70%

Al problema de la falta de pago se le suma la desvalorización del trabajo profesional. El sector denuncia que durante el año pasado se perdió cerca del 70% del valor real del arancel frente a la inflación. Si bien el Gobierno anunció recientemente un aumento del 30%, los prestadores aseguran que aún no comenzaron a percibirlo. Esta brecha económica hace que sea prácticamente imposible para los profesionales independientes y los centros de rehabilitación sostener la calidad prestacional mínima exigida por ley.

El impacto humano: familias en estado de alerta

Más allá de los números, la preocupación central radica en la vulneración de derechos. Las familias de personas con discapacidad enfrentan hoy la incertidumbre de no saber si sus hijos podrán continuar con sus terapias esenciales. "Lo que estamos discutiendo es qué sociedad queremos ser", concluyó Armeloni, haciendo un llamado a la reflexión sobre la importancia de garantizar el sistema de prestaciones básicas. De no mediar una respuesta oficial que regularice los pagos, los prestadores advierten que las medidas de fuerza podrían profundizarse en abril.