Termina agosto como un fresco del marasmo del oficialismo nacional. "Suspensión, paralización, inmovilidad en lo moral o en lo físico" es la primera acepción que recoge la Real Academia Española para ese sustantivo. El oficialismo no atinó, durante este mes, a reaccionar eficazmente contra los embates que sufrió tanto en terreno de la política como en el de la economía.

El pasmo libertario exhibe que lo que ha quedado denunciado es el contrato político que había suscrito con los electores, es decir con los miembros de la sociedad política, a cambio de recibir el aval mayoritario que lo consagró como legítimo inquilino de la Casa Rosada en 2023.

El nuevo acuerdo

No es menor la fecha del ascenso al poder de Javier Milei y su elenco: es el año en que la democracia había cumplido su 40 aniversario. Los argentinos, en esa oportunidad, consagraron en el Poder Ejecutivo a un candidato que ni siquiera tenía partido político. Era, por un lado, un reproche tan democrático como contundente contra la partidocracia nacional. Detrás había cuatro décadas de ciclos económicos desquiciados que habían operado transformaciones disvaliosas y dolorosas en el país: la Argentina había pasado de ser un país con pobreza a ser un país pobre.

Esa crónica deuda de las sucesivas administraciones democráticas con el crecimiento socioeconómico alcanzó entonces un punto de inflexión, que comúnmente es descrito como "el voto joven". En rigor, el Latinobarómetro (un estudio de opinión pública sobre el desarrollo de la democracia que anualmente realiza 20.000 entrevistas en 18 países) viene evidenciando desde hace un lustro que la generación "millennial" (los nacidos entre fines de los 80 y principios de los 90) con "hijos" de la democracia que muestran una retracción en sus compromisos con la democracia. Dicho de otro modo, ¿por qué habrían de tener gran apego por la democracia, como sus padres o sus abuelos, si no vivieron los golpes de estado ni tampoco experimentaron prosperidad material con el sistema político que sus adultos reivindican como el mejor posible? Ese "voto joven" (junto con muchos electores que peinan canas) terminaron votando por un candidato "outsider" con un discurso "iliberal" duro, demonizador tanto del Estado como de la dirigencia.

Por otro lado, el triunfo de Milei significó que esta nación, en tanto sociedad política, le confiaba la Casa Rosada a alguien que no presentaba "garantías" más que la buena fe. ¿En qué consistía el contrato que proponía Milei, carente de gobernadores, intendentes o senadores "propios" que "respondieran" por él? El líder libertario planteó que de política ("eso" que desde hacía 40 años practicaba "la casta") nada sabía. Justamente por ello, iba a librar a los argentinos de la "lacra" de la corrupción. Eso sí: de economía, él sabía cualquier cantidad. Inclusive, en sus ratos libres se dedicaba a reescribir al economista italiano Vilfredo Paretto y sus "constantes", por lo que iban a darle un premio Nóbel de Economía apenas los lentos de la Academia Sueca comprendieran su brillantez.

Los viejos fracasos

La Libertad Avanza lleva poco más de un año y medio en el ejercicio del poder y parece estar ejecutando un contrato completamente diferente. Sin crecimiento económico, sus políticas públicas (¿son un "plan"?) de dólar estable e inflación contenida sólo se mantienen a costas de un precio altísimo, que se paga con tasas rayanas en el 80% para "rollear" deuda y un riesgo país que ha rebotado hasta volver a traspasar el techo de los 800 puntos básicos. Los signos de agotamiento del esquema del "mejor gobierno del mundo" se evidencian en el crecimiento de la desocupación, que en el primer trimestre marcó 7,9%, un crecimiento del 1,5% en sólo 90 días. Es decir, al sector privado, que no ha visto mermar ni un ápice la presión fiscal, se le acabó el margen para ajustar rentabilidad. Así que sin posibilidades de bajar todavía más el "techo" de sus ingresos, no tiene más remedio que perforar el "piso" de sus costos, comenzando por los de personal. Ese es el precio que reclama la recesión que el oficialismo no reconoce, pero que fue (junto con la no emisión) la herramienta con que "enfrió" la inflación.

En el plano político, las cosas son largamente peores. Los denominados "audios de Diego Spagnuolo", el desplazado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, son el último emergente de un rosario de "affairs" que minaron mes a mes la credibilidad del Gobierno. Tal y como recorrimos aquí el domingo pasado, antes fueron el escándalo de la criptomoneda "$Libra"; y el de las denuncias de empleados de Anses y PAMI al que les pedían "diezmo" para financiar a LLA; y el del "sorpresivo" voto de los senadores dialoguistas de Misiones que rechazaron la Ley de Ficha Limpia; y el del contrato multimillonario con una empresa de la familia Menem para la seguridad del Banco Nación; y el de las valijas que entran por los aeropuertos, mediante vuelos privados, sin revisión de Aduana ni de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; y el de la inacción de la Anmat con el fentanilo contaminado. Todo esto sólo durante este año.

Cuando se conocieron los audios con las grabaciones atribuidas a Spagnuolo, en las que se escucha que va a haber "inflación" en el supuesto tarifario de las "coimas", porque a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, no le llegaría el 5% sino sólo el 3% (alguien se estaría "robando el choreo", para decirlo con las palabras del propio Presidente de la Nación), la sociedad no se "tragó" una "opereta", sino que se atragantó en el hartazgo. Para el caso, si según Milei, los diputados nacionales que votaron en favor de declarar la Emergencia en Discapacidad son "asesinos" que perpetran un "genocidio", ¿qué figuras penales deberían caber a los funcionarios que, mientras intentan vetar beneficios sociales para las personas con discapacidad, cometerían actos de corrupción con dineros destinados a esos sectores vulnerables? Spagnuolo, para peor, ahora amenaza con presentarse a declarar ante la Justicia como "arrepentido".

Lo poco explica lo mucho

Las "constantes de Paretto" suelen sintetizarse como "la regla del 80-20", es decir, que el 20% de las causas explica el 80% de los efectos. Es una desgracia para los libertarios que su líder no haya redefinido esa doctrina. Porque sus malos resultados económicos y el trasfondo de quiebra moral que alimenta su crisis políticos explican la mayor parte de las zozobras del barco libertario. Esto incluye desde las sesiones del Congreso de la Nación (el "Bailando por un Sueño" de Marcelo Tinelli es un egregio paradigma de sobriedad y racionalidad comparado con el conventillo parlamentario) hasta la violencia que comienza a ganar terreno en la campaña electoral.

Abordar la cuestión de la violencia implica, por un lado, asumir que la Argentina es un país con antecedentes de alta violencia política. Si no fuera porque el siglo XX comienza en 1901 y acaba en 2000, podría decirse que no hay cuando empezar ni terminar entre los golpes de estado y las proscripciones, el terrorismo de estado y el de la subversión, los saqueos y los muertos de la represión policial, que incluso llegaron hasta los primeros años de este siglo XXI.

Por otro lado, abordar el fenómeno de la violencia demanda, también, una mirada estructural a ese fenómeno. El filósofo Slavoj Zizek lo analiza en "Sobre la Violencia. Seis reflexiones marginales" (Paidós, 2007), cuando da cuenta de que la violencia subjetiva, la que perpetran sujetos con nombre, apellido, recibe un mal trámite y es considerada "una locura". Esa violencia tiene un sustrato, la violencia simbólica, la del discurso; y se alimenta de una violencia objetiva: la del sistema. La Argentina de la democracia no ha desmontado esa violencia objetiva y sistémica: en el último medio siglo, los pobres sólo han conocido la realidad de ser más pobres, mientras los ricos son más ricos.

Durante el kirchnerismo, esa violencia sistémica sumó una creciente violencia simbólica: el discurso oficial estableció la lógica "amigo / enemigo" para diferenciar a aquellos que adscribían al "relato" de aquellos que lo denunciaban. El principio consensual de la democracia fue abolido en nombre de que la única dimensión democrática que importaba era la mayoritaria: "si no les gusta cómo gobierno, armen un partido político y ganen elecciones", clamaba Cristina Fernández de Kirchner, hoy condenada por corrupción. Cómo si la circunstancial mayoría en las urnas liberase al líder del proyecto político de todo límite legal e institucional. El gobierno de Milei radicalizó aún más el discurso del odio: "zurdo empobrecedor", "parásitos mentales", "maldita casta", "periodistas ensobrados" y demás insultos sustituyeron el debate público por la violencia verbal.

El peor de los lenguajes

Muchos lo admitieron resignadamente como si fuera, en definitiva, parte del contrato político: Milei no era "políticamente correcto" porque, justamente, no sabía los códigos de la política y porque, gracias a eso, tampoco sus prácticas delictivas. De lo que él sabía era de economía...

Pero ahora que el Premio Nobel no llega, ni la recuperación de la actividad económica tampoco, ni mucho menos el fin de la recesión, esta cuestión se pone en tela de juicio. Y los sucesivos escándalos de la presunta corrupción tornan dudosos todos los demás logros. El ajuste en las cuentas del Estado, con el que incluso justifican no mejorar los ingresos de los jubilados, parece dudoso si la corrupción, justamente, genera sobreprecios que atentan contra el equilibrio fiscal. La renuncia a la jubilación de privilegio presidencial se desluce como un gesto de austeridad frente a la sospecha de que, por debajo de la mesa, circulan "coimas" millonarias. Si "maldita" es la "casta", parece que el funcionariado oficialista no desterró a la "casta" sino que la sustituyó. Y entonces, la violencia simbólica de Milei ya no es un efecto colateral por tolerar, sino un lenguajes que sus antagonistas han decidido que también van a hablar. Incluso, para dirigirse al mismísimo jefe de Estado.

De esta crisis de su contrato político, el Gobierno no saldrá con gritos (como los que vociferaba el mandatario, desencajado, desde una camioneta, contra una vecina en Vicente López). En todo caso, necesita celebrar un nuevo convenio con la sociedad. Mientras tanto, la nave oficialista seguirá a la deriva. Si no se sabe a dónde ir (o si la sociedad política no sabe a dónde van sus conductores), ningún viento resulta ser buen viento para un barco.

O lo que es igual: en democracia, sin contrato político vigente, los inquilinos de la Casa Rosada sólo ostentan una tenencia precaria del poder.