Qué aprobó el Senado y con qué votos

El Gobierno obtuvo este jueves la media sanción en el Senado de la reforma a la ley de glaciares, eje de su agenda minera. El proyecto fue aprobado en general por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención (la neuquina Julieta Corroza).

Además de La Libertad Avanza, acompañaron los textos sectores de Pro, parte del radicalismo y bloques provinciales. Un dato político clave: también votaron a favor senadores del bloque Justicialista , como Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan) , ambos de provincias fuertemente ligadas a la minería.

Desde los palcos siguió la sesión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el ministro del Interior, Diego Santilli ; y el secretario de Minería, Luis Lucero , entre otros referentes de la mesa política oficialista.

El texto ahora será girado a la Cámara de Diputados , donde el Gobierno buscará completar el cambio normativo. Afuera del Congreso, organizaciones ambientales y sociales protestaron durante toda la jornada en rechazo a la reforma.

Menos territorio protegido y más poder para las provincias

La meta central del proyecto es reducir las áreas protegidas por la ley vigente y habilitar inversiones mineras , especialmente de cobre y litio , en zonas del ambiente periglaciar hoy alcanzadas por prohibiciones.

Dos ejes concentran la polémica:

La nueva definición de qué se protege:

La ley actual protege glaciares visibles y también cuerpos de hielo menores o cubiertos en el ambiente periglaciar, y prohíbe actividades industriales en esos lugares.La reforma distingue entre "área periglaciar" y "geoformas periglaciales con función hídrica relevante". En la práctica, ya no todo el territorio periglaciar quedará protegido , sino solo las formaciones que se prueban que actúan como reserva estratégica de agua.

El rol de las provincias en el inventario de glaciares: Hoy el inventario lo elabora el IANIGLA , un instituto científico nacional con sede en Mendoza. El nuevo texto mantiene al IANIGLA como "titular científico", pero otorga a las autoridades provinciales la potestad de actualizar el inventario, sumar o retirar cuerpos de hielo , "sobre la base de estudios técnico-científicos".

El miembro informante, Agustín Coto (LLA) , defendió la reforma y sostuvo que no se desfinancia al IANIGLA. Calificó a la norma vigente como "una ley de chetos, redactada dentro del frasco de empanadas en el barrio de Palermo", y aseguró que el nuevo esquema es "más federal" y reconoce la diversidad de realidades provinciales.

Argumentos a favor: minería, desarrollo y "federalismo hídrico"

La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich , cerró el debate con una frase que sintetiza la narrativa del Gobierno:

"No es agua o trabajo. Es un país que cuida a sus provincias. Proteger ha sido paralizar".

Según el oficialismo y sus aliados, la nueva ley:

Protege las geoformas que tienen efectivamente una función hídrica relevante,permite compatibilizar esa protección con proyectos mineros estratégicos,y reafirma la potestad de las provincias, que son dueñas de los recursos naturales según la Constitución.

La salteña Flavia Royón, cercana al gobernador Gustavo Sáenz, defendió la intervención provincial en el inventario y cuestionó la desconfianza hacia los equipos técnicos locales:

"¿Qué nos hace creer que los cuerpos nacionales son mejores que los de las provincias? Seamos responsables cuando hacemos este tipo de declaraciones".

Royón aportó además un dato para relativizar el impacto hídrico de la minería: en San Juan, dijo, el 94% del agua se destina al agro , el 4% al consumo humano y solo el 1,2% a la industria en general, incluida la minería.

El catamarqueño Guillermo Andrada subrayó que "no hay industria más controlada y regulada que la minería" y afirmó que el corazón de la norma es claro:

"Mientras sea fuente hídrica relevante, no se toca. Ese es el núcleo duro".

Críticas: cuencas en riesgo, ambigüedad y "cheque en blanco" a gobernadores

Los detractores de la reforma pusieron el foco en tres puntos:

Riesgo para las cuencas hídricas :

La justicialista Anabel Fernández Sagasti cuestionó la vaguedad del concepto "función hídrica relevante":
"¿Qué es una función hídrica relevante? ¿No creen que esto es judicializable? No da seguridad jurídica y no fijan criterios técnicos para todas las provincias".

El pampeano Daniel Bensusán recordó los conflictos por los ríos Atuel y Colorado y acusó a la actividad minera en Mendoza de haber afectado severamente los caudales:
"Cuando se toman medidas arbitrarias aguas arriba, terminan con conflictos sociales, económicos y judiciales".

Desresponsabilización del Estado nacional:

La cordobesa Alejandra Vigo advirtió que "el Estado nacional queda sin ninguna responsabilidad" efectiva y remarcó que aquí "no se está discutiendo minería, sino agua, el recurso más importante para el futuro de la sociedad".

El santacruceño José Carambia (Movere) fue más tajante: calificó la reforma como "una autorización tácita y encubierta para hacer básicamente lo que quieran".

Procedimiento legislativo y mayorías ajustadas :

El justicialista federal Fernando Salino cuestionó que el texto final haya llegado a manos de los senadores apenas minutos antes de la votación, lo que demostró "fuera de reglamento" y un menosprecio a la calidad legislativa.

La división también atravesó a Juntos por el Cambio (Pro y UCR), donde hubo votos a favor, en contra y abstenciones, complicando la construcción de mayorías cómodas para el oficialismo.

Lo que viene: Diputados, presión social y batalla judicial en puerta

Con la media sanción del Senado, el proyecto de reforma de la ley de glaciares pasa ahora a la Cámara de Diputados , donde el Gobierno deberá confirmar si tiene números suficientes para convertirlo en ley.

En la calle, las organizaciones ambientalistas y comunidades de provincias cordilleranas anunciaron que intensificarán las protestas y ya se habla de una futura judicialización de los puntos más controvertidos, en particular la reducción del área protegida y el nuevo rol de las provincias sobre el inventario.

Entre la promesa de inversiones millonarias en cobre y litio y las advertencias sobre el impacto en las reservas de agua, la discusión sobre glaciares y periglaciares se encamina a convertirse en uno de los ejes de mayor tensión política, económica y ambiental de este año legislativo.