El oficialismo y sus aliados terminaron de consensuar este miércoles cambios en el dictamen que se debatirá en el Senado. En el entorno del presidente Javier Milei reconocen que el conteo es "muy fino", pero sostienen que lograrán aprobar la reforma pese a que bloques como el PRO y la UCR votarán divididos.

Votos clave y negociaciones de último momento

Las miradas están puestas sobre el bloque peronista Convicción Federal, integrado por Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza. La reciente designación de Moisés como vicepresidenta de la Cámara alta fue leída en el Senado como un gesto político del oficialismo en plena negociación.

También genera incertidumbre la postura de la senadora de Chubut Edith Terenzi, quien mantiene reserva sobre su voto. En la UCR, algunos legisladores analizan acompañar la iniciativa en general, pero introducir observaciones en el tratamiento en particular.

La ley original, sancionada en 2010, prohíbe actividades extractivas en glaciares y ambientes periglaciares, al considerarlos reservas estratégicas de agua dulce. El nuevo proyecto apunta a priorizar actividades productivas -minería e hidrocarburos- en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, habilitando explotaciones cuando no se considere que el glaciar cumple una función hídrica relevante.

Qué cambios incorporó el oficialismo

Según el dictamen actualizado, la determinación de la "relevancia hídrica" quedará en manos de las provincias, que evaluarán estudios de impacto ambiental y autorizarán proyectos. El texto incorpora que las actividades deberán ajustarse a la Ley General del Ambiente 25.675 y a la Ley de Régimen de Gestión Ambiental del Agua 25.688, lo que implica monitoreo sobre calidad y caudal de agua.

Para el abogado ambientalista Enrique Viale, esos agregados son "redundancia legislativa" y constituyen "cambios cosméticos" que no modifican el núcleo de la reforma. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que la mención explícita a la normativa ambiental evita que las decisiones queden "a libre albedrío" de las provincias mineras.

Otro ajuste relevante establece que la evaluación de la relevancia hídrica deberá basarse en "estudios técnicos-científicos", aunque críticos advierten que el texto no precisa alcances ni criterios concretos. Además, el Inventario Nacional de Glaciares elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) se mantendrá vigente hasta que una provincia determine que un glaciar no cumple función hídrica, en cuyo caso el organismo deberá excluirlo del registro.

El punto más sensible: las cuencas

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la definición de qué constituye una cuenca hidrográfica y qué zonas glaciares o periglaciares abastecen la recarga de agua dulce. Legisladores reconocen que esa delimitación puede resultar determinante para habilitar o frenar proyectos extractivos.

En redes sociales, La Libertad Avanza defendió la iniciativa al señalar que "la minería trae millones a la Argentina" y que continuar con la agenda reformista es "una forma de honrar el respaldo en las urnas". Con el poroteo al límite, el oficialismo se juega una votación clave que podría redefinir el equilibrio entre explotación productiva y protección ambiental.Te puede interesar: Qué es la Ley de Glaciares y por qué debe importarle a los tucumanos