Un salario mínimo deteriorado y sin paritarias libres

La fuerte devaluación de diciembre de 2023, cuando el dólar duplicó su valor en 24 horas, marcó el punto de partida de un derrumbe en los ingresos. Según el Centro de Investigación y Formación de la CTA, desde el inicio de la gestión libertaria el salario mínimo, vital y móvil sufrió una caída real del 35,2%.

Actualmente, el salario mínimo se mantiene en $322.200 para una jornada de 48 horas semanales y $1.610 por hora para trabajadores jornalizados. Pero para tener el mismo poder adquisitivo que a fines de 2015, debería ubicarse en torno a los $760.000.

El informe también detalla que el retroceso se acumula con pérdidas previas: el salario mínimo es hoy 45,6% más bajo que en 2019 y 58,4% inferior al de 2015, ubicándose incluso por debajo de los niveles de la década del 90 y de la crisis de la Convertibilidad.

La paralización de las negociaciones del Consejo del Salario profundizó la situación. De las cinco reuniones convocadas durante la gestión de La Libertad Avanza, ninguna logró acuerdo entre empresarios y trabajadores. La Secretaría de Trabajo terminó imponiendo aumentos nominales que no compensaron la devaluación y siguieron erosionando el poder adquisitivo.

Argentina, último en el ranking regional y con más empleo informal

La debacle del salario mínimo no solo quedó expuesta en términos internos. Según el Celag, Argentina ocupa el último lugar del ranking regional: mientras Costa Rica encabeza la lista con un salario mínimo equivalente a 729 dólares, el argentino apenas llega a 225 dólares, quedando detrás de países como Bolivia y Paraguay.

La comparación con la canasta básica revela un cuadro aún más crítico: en octubre, una familia tipo necesitó casi cuatro salarios mínimos para no caer por debajo de la línea de pobreza.

A esto se suma un deterioro acelerado del empleo formal. La desregulación laboral impulsada por el Gobierno no generó puestos registrados, sino que provocó un salto en la informalidad, que alcanzó su nivel más alto en 17 años. Las regiones más afectadas son el NOA, NEA y Cuyo, donde más del 50% de los trabajadores carecen de registro.

Desde el inicio de las reformas, la economía perdió más de 220.000 empleos asalariados privados y cerraron cerca de 20.000 empresas. En ese contexto, muchos empleadores recurren a la informalidad como vía para reducir costos, sobre todo en el interior del país, donde los salarios ya eran inferiores a los del AMBA y la demanda interna se encuentra debilitada.

Este fenómeno genera un círculo vicioso: menos formalidad implica menos ingresos estables, lo que a su vez restringe el consumo y debilita los mercados locales, profundizando la crisis social y económica.