Aumento en el Salario Mínimo en agosto 2025: de cuánto es

El salario mínimo aumentó por decreto y supera los $300.000, aunque sigue perdiendo contra la inflación. Sin embargo, desde noviembre de 2023, su poder adquisitivo cayó más del 30%.

Desde agosto de 2025, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en Argentina se fija en $322.200 brutos por mes, para una jornada laboral completa. El nuevo valor fue establecido por la Resolución 25/2025 del Poder Ejecutivo, que aplicó este aumento de forma unilateral luego de que fracasaran las negociaciones entre sindicatos y empresarios en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo.

Este incremento forma parte de un esquema de subas escalonadas que comenzó en abril y que llevó el salario mínimo de $302.600 a $322.200 en cinco meses. Pese al ajuste nominal, el salario sigue sin alcanzar el ritmo de la inflación.

Fuerte caída del poder adquisitivo

A pesar de la suba, el SMVM registra una pérdida real del 31,1% desde noviembre de 2023, según estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Incluso en comparación con agosto del año pasado, la pérdida llega al 6,3%, lo que refleja la persistente erosión del poder de compra.

Este deterioro ocurre en un contexto económico marcado por alta inflación y caída del consumo, donde los ingresos mínimos ya no logran cubrir las necesidades básicas de muchas familias.

¿Qué impacto tiene el salario mínimo?

El salario mínimo no solo funciona como base para sueldos, sino que también sirve como referencia para programas sociales, jubilaciones mínimas, juicios laborales y montos de cuotas alimentarias. Está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo y respaldado por la Constitución Nacional.

A nivel internacional, sigue los criterios del Convenio 131 de la OIT, que establece que debe fijarse considerando el costo de vida, la productividad y el desarrollo económico del país.

En esta ocasión, el valor fue definido sin acuerdo en el Consejo del Salario, un organismo tripartito que incluye al Estado, empleadores, trabajadores y provincias. La falta de consenso dejó la decisión en manos exclusivas del Gobierno.

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