La Justicia de Río Negro condenó a dos hombres por delitos vinculados a la distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil en el Alto Valle. Ambos imputados aceptaron su participación en los hechos y accedieron a un juicio abreviado que cerró con penas de cuatro años de prisión efectiva, informó el Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción.

Las investigaciones se llevaron adelante en Choele Choel y General Roca, en distintos momentos del año, y revelaron la existencia de archivos y videos que contenían material de explotación sexual contra víctimas menores de edad. En ambos casos, la tecnología digital y la cooperación internacional fueron decisivas para activar la denuncia, comprobar la existencia de los archivos y sostener la trazabilidad probatoria.

En el caso de Choele Choel, una alerta generada por Google al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) encendió el primer aviso. A partir de ese reporte, se activó la coordinación con la Fiscalía porteña y el Ministerio Público Fiscal rionegrino, que finalmente pudo constatar la existencia de múltiples archivos y obtener la confesión del acusado.

La causa de General Roca siguió un recorrido similar. Allí, el segundo condenado admitió haber participado en tres episodios que quedaron registrados por NCMEC: la carga de dos videos en WhatsApp, la facilitación de accesos y la recepción de contenidos. Tras un allanamiento, la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones secuestró un celular con 21 videos, lo que terminó de confirmar el nivel de gravedad del caso.

La contundencia del material probatorio fue determinante. Informes técnicos del NCMEC, análisis forenses, peritajes médicos, intervención de OITel y el trabajo del Gabinete de Criminalística consolidaron el andamiaje probatorio que habilitó el juicio abreviado. En ambos expedientes se pudo establecer que las víctimas eran menores de edad.

Las calificaciones penales que sustentaron las condenas incluyeron tenencia, distribución y facilitación de material de abuso sexual infantil, agravada por la edad de las víctimas en el caso de General Roca. Ambas partes acordaron las penas, y los acusados renunciaron a los plazos procesales, por lo que ya se encuentran cumpliendo prisión efectiva.

En paralelo, la Justicia rionegrina mantiene activa la búsqueda de José Ruffa Saraspe, un exdocente condenado por doce hechos de abuso sexual contra menores en la Escuela 247 de Balsa Las Perlas, ocurridos entre 2017 y 2019. Pese a que la sentencia fue confirmada en octubre, el acusado permanece prófugo. Pesan sobre él trece años y seis meses de prisión.

El Poder Judicial emitió orden de captura nacional y sospecha que podría encontrarse en alguna localidad del interior tucumano. La Fiscalía había advertido riesgo de fuga durante el proceso y había reclamado la prisión preventiva, pero aquella solicitud fue rechazada hasta el fallo definitivo.

El caso vuelve a poner en agenda la necesidad de fortalecer mecanismos de control digital, cooperación internacional, monitoreo judicial y políticas preventivas concretas. La trazabilidad tecnológica exhibida en las dos condenas del Alto Valle demuestra que es posible detectar, investigar e intervenir frente a delitos que operan en entornos digitales y plataformas masivas. Pero la situación del docente prófugo vuelve a evidenciar los márgenes de fuga que sigue teniendo el sistema y la urgencia de reducirlos.