El Gobierno Nacional atraviesa una semana crucial en su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por un lado, espera que el directorio del organismo apruebe la primera revisión del nuevo acuerdo firmado en abril, lo que habilitaría un desembolso por aproximadamente US$2.000 millones. Al mismo tiempo, deberá hacer frente a un pago de intereses y comisiones por US$835 millones el próximo viernes 1° de agosto.

El jueves pasado, el FMI comunicó que su staff técnico había alcanzado un acuerdo con las autoridades argentinas respecto a la revisión del programa económico respaldado por el Servicio Ampliado del Fondo (SAF), con vigencia por 48 meses. Ese entendimiento técnico ahora debe ser ratificado por el directorio ejecutivo, que se reunirá en los próximos días. "La Argentina tendría acceso a aproximadamente US$2.000 millones (equivalentes a 1529 millones de DEG)", detalló el FMI en su comunicado oficial.

Ese giro representaría un alivio financiero para el Ejecutivo, en momentos donde las reservas internacionales continúan bajo presión. Sin embargo, el alivio será parcial: el Gobierno deberá desembolsar US$835 millones en concepto de intereses y comisiones por la deuda contraída en 2018, un compromiso que se mantiene vigente y genera fuerte tensión sobre las cuentas externas.

Reservas en jaque y metas incumplidas

El complejo calendario financiero se da en un contexto de reservas escasas y metas no cumplidas. El propio FMI advirtió en su informe que la Argentina no alcanzó el objetivo de acumulación de reservas netas correspondiente a junio.

De acuerdo con estimaciones de la consultora LCG, las compras netas del Tesoro sumaron unos US$900 millones entre junio y julio. Sin embargo, las reservas brutas cayeron en lo que va de julio unos US$1.400 millones respecto a junio, a raíz de pagos de vencimientos y la persistente presión cambiaria.

Por su parte, la consultora Outlier señaló que la brecha entre la meta de reservas netas para junio (no cumplida) y la prevista para septiembre supera los US$5.000 millones. En ese marco, estiman que el FMI podría haber reajustado ese objetivo mediante un waiver, para permitir avanzar con la revisión sin exigir un cumplimiento que se considera irrealista. "No ajustar esa meta para septiembre es aceptar de antemano que tampoco se va a cumplir", remarcaron desde Outlier.

Además, se prevé una reducción estacional de la oferta de divisas, dado que la liquidación de la cosecha gruesa ya está finalizando. Esto implicará una mayor presión sobre el mercado de cambios, en un escenario de alta dolarización de carteras y tasas en pesos que siguen elevadas para contener la inflación y estabilizar la economía.

Opciones y tensiones de corto plazo

Frente a este panorama, LCG identificó tres caminos posibles para intentar cubrir el faltante de reservas: una mayor colocación de deuda en dólares, el avance en la privatización de empresas públicas (aunque advierten que eso no será viable en el corto plazo), o bien nuevas compras del Tesoro y el BCRA en el mercado.

Sin embargo, advierten que las tensiones cambiarias están "a la vuelta de la esquina" y que, al menos hasta las elecciones, persistirá un escenario de alta volatilidad. "La presión cambiaria se mantendrá, con intervención del Banco Central en el mercado de futuros y tasas reales en pesos persistentemente altas", concluyeron.