Una protesta pacífica que terminó en violencia desmedida

Lo que debía ser una manifestación pacífica en defensa de los derechos laborales se transformó en un violento escenario de caos en la sucursal del Banco Patagonia en Concepción. Delegados y empleados de La Bancaria protestaban contra el acoso y las amenazas de despido cuando fueron sorprendidos por un feroz e injustificado operativo policial. Según los múltiples testimonios de las víctimas, los efectivos avanzaron sorpresivamente contra una multitud indefensa, respondiendo al reclamo de los trabajadores con fuertes empujones, golpes, bastonazos y disparos de balas de goma.

El escándalo cruza fronteras: fuerte repudio desde Brasil

La extrema gravedad de las imágenes no tardó en traspasar los límites provinciales, convirtiendo este conflicto local en un verdadero escándalo internacional. Durante su 7.º Congreso Nacional en São Paulo, la Confederación Nacional de Trabajadores del Sector Financiero de Brasil emitió una dura declaración unánime contra el accionar represivo. En un documento firmado por Gustavo Machado Tabatinga Junior y Juvandia Moreira, y dirigido al líder sindical argentino Sergio Palazzo, los brasileños repudiaron las tácticas del Banco Patagonia, entidad controlada corporativamente por el gigante Banco do Brasil S.A.. 

Además, confirmaron que exigirán a la casa matriz el cese absoluto de estas graves prácticas antisindicales que vulneran los derechos de los trabajadores.

El origen del conflicto y el dramático saldo de víctimas

El origen de esta profunda crisis se remonta a las reiteradas denuncias del personal de la sucursal contra la gerenta María José Mansilla y los directivos Marcelo Rubén Moriconi y Pablo Guillermo Carrubba, a quienes acusan de ejercer un hostigamiento sistemático y degradación de funciones. El desmedido operativo policial utilizado para acallar estas quejas laborales dejó un lamentable saldo de heridos y caos. El caso más grave reportado fue el del trabajador Jorge Patricio Rivero, quien fue brutalmente golpeado en el suelo y privado de su libertad de forma arbitraria, mientras que otro empleado sufrió el impacto de ocho balas de goma en su cuerpo.

Denuncia penal y el fantasma de la represión de 2014

Frente a este violento ataque institucional que rememora inevitablemente los oscuros episodios represivos sufridos por los bancarios en el año 2014, la conducción gremial decidió ir a fondo en la Justicia. Con el patrocinio del abogado Juan Andrés Robles, la secretaria general del gremio, Cecilia Sánchez Blas, formalizó una contundente denuncia penal por lesiones graves dolosas, abuso de autoridad y criminalización de la protesta. El contundente escrito judicial remarca el "dolo" explícito en el accionar policial, señalando la ilegalidad del procedimiento y responsabiliza directamente al Estado provincial por no garantizar la seguridad integral de los manifestantes.

"Disciplinamiento social" y exigencia de respuestas políticas

La violencia institucional desatada a plena luz del día generó también un fuerte cimbronazo en la arena política tucumana. Los legisladores José Cano, Silvia Elías de Pérez y Hugo Ledesma presentaron proyectos en la Legislatura provincial para exigir que el Ministerio de Seguridad rinda cuentas detalladas sobre el operativo de Infantería. Los parlamentarios calificaron el repudiable accionar de las fuerzas de seguridad como un alarmante intento de "disciplinamiento social" y exigieron la aplicación de duras sanciones para todos los responsables involucrados. Mientras tanto, la entidad bancaria mantiene un hermético silencio oficial que solo profundiza la creciente y preocupante tensión