El ambicioso proyecto para el Nuevo Registro Civil nació viciado desde sus cimientos. Bajo la excusa de apremiantes "tiempos políticos" que exigían un anteproyecto en apenas 30 días, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) otorgó una contratación directa por $935.000 a la firma Integrale SAS para el diseño técnico. La controversia estalló al revelarse que el arquitecto José Campopiano, el funcionario de la DAU responsable técnico de recibir, analizar y aprobar la documentación presentada por la firma , era el padre de uno de los socios de la empresa. A pesar de constatar este flagrante conflicto de intereses, el Tribunal de Cuentas finalemente optó por la indulgencia y convalidó los pagos cerrando el sumario con una simple "advertencia severa".

La constructora "terrafista" y la ruta de los anticipos millonarios

Con los planos validados, la monumental obra valuada inicialmente en más de $1.070 millones fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por ALFA Constructora S.R.L. y Queñoa S.A.. Es aquí donde el esquema adquiere su mayor nivel de opacidad. En el ecosistema de la obra pública tucumana, a ALFA se la reconoce como una empresa "terrafista", la contratista favorita de Miguel Terraf, el inamovible presidente del Tribunal de Cuentas.

Mientras la firma concentra adjudicaciones directas y millonarios contratos en toda la provincia, el organismo que debería auditarla  le autoriza casi todos los pedidos de ampliaciones de plazos y  le libera todos los pagos. Así, la UTE Alfa-Queñoa logró cobrar un jugoso primer anticipo financiero de más de $214 millones proveniente de la Nación, tras lo cual la obra quedó paralizada.

El gran achique avalado por el organismo de control

Tras el retiro del financiamiento nacional, la Provincia se hizo cargo amparándose en la Ley de Emergencia y renegoció el contrato con la misma UTE ALFA-Queñoa, aprobando "trabajos indispensables" por más de $452 millones. Pese al prolongado estancamiento de la obra, el Tribunal de Cuentas de Terraf volvió a mostrar su complacencia y autorizó rápidamente un segundo certificado de anticipo financiero, esta vez por más de $90 millones.

Hoy, el discurso oficial promociona el avance sostenido de los trabajos con una inversión de 700 millones de pesos, pero los documentos oficiales exponen el drástico achique arquitectónico: el moderno edificio burocrático de siete pisos y un subsuelo que justificó el megaproyecto original se redujo silenciosamente a una estructura que solo consta de "planta baja y planta alta". En este entramado, la obra pública se achica, pero la constructora siempre gana, porque en Tucumán la obra pública es como el alfabeto griego: siempre está primero Alfa.