El nuevo régimen migratorio argentino comenzó a regir esta madrugada, tras la publicación del decreto N° 366/2025 en el Boletín Oficial. La reforma, anunciada por el presidente Javier Milei, busca facilitar la deportación de extranjeros que incumplan la ley y establece nuevas condiciones para el acceso a servicios públicos, la permanencia y la naturalización.

Acceso a salud y educación para residentes temporarios

Los extranjeros con residencia temporaria deberán contar obligatoriamente con un seguro de salud privado para poder ingresar y permanecer en el país. En casos de emergencia, se mantendrá la atención sanitaria para todos, sin importar su situación migratoria, pero para consultas o tratamientos no urgentes, será requisito contar con seguro contratado.

En cuanto a la educación, los inmigrantes temporarios podrán acceder sin restricciones a la educación inicial, primaria y secundaria, tanto en instituciones públicas como privadas. Sin embargo, para la educación superior, las universidades estatales podrán cobrar una retribución por los servicios educativos, aunque se mantendrá el acceso a becas nacionales e internacionales.

Nuevas condiciones para la permanencia y naturalización

La reforma establece que los extranjeros mayores de 18 años podrán solicitar la naturalización argentina tras dos años consecutivos de residencia, reduciendo los plazos anteriores. Además, quienes realicen inversiones relevantes en la economía podrán acceder a la ciudadanía sin cumplir con el requisito de tiempo de residencia.

Por otro lado, se endurecen las condiciones para mantener la residencia permanente: se perderá automáticamente si el extranjero comete delitos dolosos que impliquen prisión o si permanece fuera del país más de un año. La residencia temporaria podrá perderse si el residente se ausenta más de seis meses.

Requisitos de ingreso y régimen de deportación

El ingreso al país solo será posible por fronteras oficiales, con presentación de declaración jurada y seguro de salud contratado. Se prohibirá el ingreso a personas con antecedentes penales por delitos graves o que hayan facilitado el ingreso ilegal de extranjeros.

La Dirección Nacional de Migraciones podrá denegar la entrada y aplicar prohibiciones de ingreso por un mínimo de cinco años en casos de irregularidades, como presentar documentación falsa o exceder el tiempo permitido de estadía.

Antes de la deportación, la ley prevé un proceso de retención para quienes incumplan la normativa migratoria o tengan antecedentes penales. La expulsión se aplicará a quienes violen los nuevos requisitos, con la posibilidad de perder la residencia permanente o temporaria según corresponda.