El presidente Javier Milei fue claro en su última cadena nacional: "Expropiar está mal porque robar está mal". Con esa premisa, el Poder Ejecutivo busca modificar una ley que data de 1977 para adaptarla a un modelo de libre mercado y previsibilidad jurídica.

El cálculo del valor: "Sin trampas"

Uno de los puntos centrales del proyecto es cómo se tasa el bien. La reforma establece que el valor debe ser el precio real de mercado antes de cualquier anuncio de expropiación.

Empresas que cotizan: Si se expropia una sociedad anónima, se tomará el valor de la acción previo a la noticia, evitando que el Estado se beneficie de la caída del activo provocada por su propia decisión.

Independencia: Se exigirán al menos dos valuaciones independientes y públicas.

Indemnizaciones: Solo efectivo y con IPC

Para evitar que el Estado "pague con papeles" o promesas a largo plazo, la ley dispone que:

El pago debe ser en efectivo, salvo aceptación expresa de otra forma por parte del expropiado.

El monto se actualizará por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec hasta el momento efectivo del pago.

Se reconoce el lucro cesante y los daños directos, aunque se excluyen sentimientos personales o valores afectivos.

Posesión vs. Pago

A diferencia del esquema actual, el traspaso de la propiedad solo se concretará cuando se haya abonado la indemnización completa. Esto busca evitar que el Estado tome el control de una empresa o terreno mientras el juicio por el precio sigue abierto durante décadas.

Límites a las "ocupaciones temporales"

El proyecto pone la lupa sobre las ocupaciones de emergencia. Estas solo podrán ser ordenadas por el Ejecutivo, deberán ser compensadas económicamente y tendrán un plazo máximo de 60 días, sin posibilidad de prórroga o repetición.

Exención impositiva

Para garantizar que el resarcimiento sea íntegro, la indemnización que reciba el afectado no estará sujeta a ningún impuesto ni carga nacional, asegurando que el capital neto no se vea erosionado por el fisco.