Reforma laboral: Tucumán podría perder $79.536 millones por coparticipación

Un informe advierte que la baja del Impuesto a las Ganancias a empresas recortaría recursos clave para la Provincia.

El proyecto de reforma laboral enviado por el Ejecutivo nacional al Congreso encendió alertas en las provincias y Tucumán aparece entre las más afectadas. El punto crítico es la reducción del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, una modificación que, de aprobarse sin cambios, provocaría una fuerte caída en los fondos coparticipables.

Según un informe del diputado nacional Guillermo Michel, la merma total de recaudación sería de $3,1 billones este año (0,3% del PBI). De ese monto, más de $1,7 billones impactarían de manera automática en las provincias por el esquema de Coparticipación Federal.

Para Tucumán, la pérdida proyectada asciende a $79.536 millones anuales, un número que incide directamente en el financiamiento del Estado provincial y en servicios esenciales como salud, educación y seguridad.

Ganancias, el nudo político de la reforma

El informe de Michel señala que apenas el 1% de las sociedades explica más del 76% de la recaudación del impuesto y que solo 144 grandes empresas concentran el 56% del total.

Para 2026, el Presupuesto nacional prevé recaudar $48,4 billones por Ganancias, de los cuales el 71% corresponde a sociedades. Con la reforma, ese componente bajaría de $34,3 billones a $31,7 billones, explicando el impacto directo en la coparticipación.

"Es una decisión fiscal que beneficia a un grupo muy reducido de empresas y que tiene consecuencias directas sobre las provincias", advirtió Michel.

ATN, negociaciones y una ecuación delicada

En paralelo, Tucumán fue la provincia más beneficiada con Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante 2025, con unos $35.000 millones recibidos. Sin embargo, ese ingreso extraordinario no compensa la pérdida estructural que implicaría la baja de Ganancias.

Mientras tanto, el Gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Diego Santilli, intensificó las negociaciones con los gobernadores. En el Senado, donde los legisladores responden directamente a los mandatarios provinciales, el respaldo al proyecto depende en gran medida de cómo se resuelva este punto fiscal clave.

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