La reforma laboral está próxima a retomar su tratamiento en el Congreso, mientras gremios y gobernadores analizan cada apartado. La CGT ha manifestado su rechazo a varios puntos, principalmente los relacionados con la actividad sindical.

Entre los artículos cuestionados:

Clasificación de servicios como "esenciales" (75% de cobertura obligatoria) y "de importancia trascendental" (50%), que limitan la efectividad de huelgas y protestas.

Necesidad de autorización previa para convocar asambleas y congresos de delegados, sin pago a los trabajadores durante esos tiempos.

Retención de cuotas sindicales por parte del empleador y exigencia de conformidad expresa del trabajador para la asignación de esos fondos.

Eliminación de la ultraactividad de los convenios, exclusión de aguinaldo y vacaciones en el cálculo de indemnizaciones, y creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que reemplazaría aportes a la seguridad social con inversiones privadas.

La CGT ya advirtió que si la reforma avanza con estos puntos, podrían convocar a un paro nacional.

Gobernadores piden equilibrio y revisión del proyecto

Los mandatarios provinciales, aunque reconocen la necesidad de modernizar el mercado laboral, reclaman equilibrio para no perjudicar a trabajadores ni a empleadores.

Desde Santa Fe, Maximiliano Pullaro señaló que la reforma debe ayudar a las pymes y formalizar a quienes trabajan en negro.

En Córdoba, Martín Llaryora remarcó que cada tema se discutirá cuidadosamente, sin apuro legislativo.

Gobernadores de Catamarca y San Juan alertaron sobre los impactos fiscales y productivos negativos, especialmente por la reducción de aportes al sistema de seguridad social.

En Catamarca, los legisladores locales advirtieron que la reforma profundiza asimetrías regionales, debilita derechos laborales y compromete la sostenibilidad fiscal.

Impacto tributario y en el impuesto a las Ganancias

El proyecto también incluye cambios en el impuesto a las Ganancias, como rebaja de alícuotas para empresas y exención para el alquiler de propiedades con destino a vivienda.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal directo anual sería 0,22% del PBI ($1,9 billones), distribuidos entre Nación ($790.000 millones) y provincias más CABA ($1,12 billones). Las provincias más afectadas serían:

Buenos Aires: $238.000 millones

Santa Fe: $97.000 millones

Córdoba: $96.400 millones

Chaco: $54.000 millones

Estas cifras alimentan la preocupación de los gobernadores sobre la viabilidad fiscal y social de la reforma.