El Gobierno nacional y la CGT avanzan en la negociación de la reforma laboral elaborada por el Consejo de Mayo, con la intención de alcanzar el mayor consenso posible antes de su presentación oficial el 15 de diciembre en el Congreso. La propuesta genera preocupación entre los sindicatos, que consideran que varios de sus puntos podrían implicar un retroceso de derechos.

En este contexto, las conversaciones son lideradas por el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem. El objetivo del Gobierno es habilitar un canal de diálogo previo con los gremios, aunque la CGT ya trabaja en una contrapropuesta propia para la discusión formal.

El diputado nacional Carlos Cisneros destacó la necesidad de "escuchar a los gremios y garantizar que la reforma no vulnera derechos adquiridos", y señaló que las advertencias de los sindicatos tucumanos reflejan la preocupación de los trabajadores de todo el país.

Advertencias puntuales a Jaldo y al Gobierno provincial

En Tucumán, dirigentes locales hicieron llegar sus inquietudes tanto a la CGT nacional como al gobernador Osvaldo Jaldo, especialmente sobre la postura que adoptarán los diputados del Bloque Independencia durante el debate parlamentario.

Adriana Bueno, secretaria adjunta de Sitas, manifestó su rechazo a la idea de equiparar la posición del trabajador con la del empleador. "Advertimos que poner al trabajador en un plano de igualdad con el empleador no está bien. Esto es un retroceso de derechos", afirmó. También cuestionó la posible implementación del "banco de horas" y la individualización de negociaciones salariales, advirtiendo que debilitaría la igualdad de condiciones entre las partes.

Por su parte, Alejandro Medina, de Suterh, coincidió en que la reforma debe surgir de un acuerdo equilibrado. "Quieren armar un sistema en el que paulatinamente se quiten derechos. Es necesario que los cambios se discutan, no se impongan", sostuvo. Además, remarcó la unidad sindical frente al debate y señaló que la creación de empleo debe incentivarse reduciendo cargas sociales y reforzando la capacitación.

Luis Diarte, de Smata, también criticó la iniciativa: "El Gobierno está matando la industria y los derechos laborales no deben retroceder. Se debe dialogar, no imponer reformas. La economía sigue siendo el problema de fondo".

El secretario general de la UTA nacional, Roberto Fernández, que visitó Tucumán el 16 de noviembre, subrayó la necesidad de evaluar cada punto del texto oficial y preparar medidas gremiales si se ven afectados los puestos de trabajo. "El Gobierno debe ocuparse más de la microeconomía y de lograr que la gente llegue a fin de mes", concluyó.

La CGT ajusta su estrategia y el Gobierno busca avanzar

La CGT prepara una respuesta detallada a los artículos más polémicos de la reforma, como la reglamentación del derecho de huelga en servicios esenciales, la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la prioridad de los convenios por empresa y la regulación de asambleas.

Mientras tanto, la administración de Javier Milei, respaldada por el reciente triunfo electoral, asegura que no aceptará una versión atenuada de la reforma y mantendrá su postura de avanzar con la propuesta original, generando un escenario de tensión con los gremios y el Gobierno provincial.