En la mesa política de la Casa Rosada se ratificó que no habrá cambios de fondo en el capítulo tributario. La baja de impuestos es una bandera central del oficialismo, y cualquier compensación a las provincias quedaría por fuera de la ley y atada al acompañamiento legislativo de cada distrito.

Antes de que el Senado empiece a debatir la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional -prevista para el 11 de febrero-, la Casa Rosada enfrenta un frente clave: el de los gobernadores. En especial, los mandatarios del norte argentino pusieron el foco en un punto sensible del proyecto, el capítulo fiscal, que podría afectar directamente los recursos que reciben las provincias.

La reforma laboral busca, según el Ejecutivo, "modernizar" el mercado de trabajo y reducir el llamado "costo argentino". Para eso, uno de los ejes centrales es la modificación del esquema impositivo, entre ellos el Impuesto a las Ganancias. El problema para las provincias es que Ganancias es un tributo coparticipable: cualquier reducción en su recaudación impacta de manera directa en las cuentas provinciales.

Ese fue el eje del reclamo que llevaron esta semana a la Casa de Salta los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), en una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli. Allí advirtieron que, en un contexto de caída del consumo y baja en la recaudación del IVA, una reducción adicional de Ganancias podría dejar a los distritos sin margen financiero para sostener servicios básicos.

"Seguramente no vamos a resignar un peso", afirmó Jaldo tras el encuentro, aunque dejó en claro que existe voluntad de acompañar la ley si se respetan los intereses provinciales. El tucumano explicó que las provincias ya vienen absorbendo el impacto de la desaceleración económica y que una nueva merma en la coparticipación agravaría una situación fiscal que ya es delicada.

Desde Salta, Sáenz fue en la misma línea y puso números sobre la mesa: estimó que su provincia podría perder cerca de 80 mil millones de pesos. Jalil, por su parte, coincidió en la necesidad de una modernización laboral, pero insistió en que debe contemplar compensaciones para los distritos.

Del lado del Gobierno nacional, la postura es más rígida. En la mesa política de la Casa Rosada -de la que participaron figuras clave como Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich y Luis Caputo- se ratificó que no habrá cambios de fondo en el capítulo tributario. La baja de impuestos es una bandera central del oficialismo, y cualquier compensación a las provincias quedaría por fuera de la ley y atada al acompañamiento legislativo de cada distrito.

Una de las alternativas que se analizan es que el impacto fiscal sea progresivo, para que no se sienta con fuerza hasta 2027, aunque esa opción genera poco entusiasmo entre los gobernadores. Incluso, desde el Ejecutivo dejaron trascender que las ayudas dependerán de cómo voten los legisladores provinciales en el Congreso.

En síntesis, lo que está en discusión no es solo una reforma laboral, sino el equilibrio entre la política de reducción impositiva que impulsa el Gobierno y la necesidad de las provincias de garantizar previsibilidad financiera. El respaldo de los gobernadores del norte aparece condicionado: acompañar los cambios, sí, pero sin resignar recursos que consideran vitales para el funcionamiento de sus economías regionales. El desenlace de esa tensión empezará a definirse cuando el debate llegue al Senado.