El debate por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei sumó una nueva voz crítica. Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, advirtió que la iniciativa profundiza la desprotección de los trabajadores y consolida un esquema de "impunidad" para el empresariado.

Según el dirigente, la aprobación del proyecto marcaría un punto de inflexión en las relaciones laborales. "Cuando se levante la mano y se apruebe esta reforma, el trabajador quedará ampliamente desprotegido frente a un empresariado envalentonado por un sistema diseñado para otorgarle todos los beneficios", sostuvo.

El recorte del derecho de huelga y el rol del Estado

Moreno señaló que, aun sin modificar formalmente la ley, el Gobierno ya avanzó en un debilitamiento del Ministerio de Trabajo -hoy reducido a Secretaría- y en un freno a las paritarias, lo que, según indicó, impidió recomposiciones salariales reales.

Uno de los puntos que más preocupación genera es el cercenamiento del derecho de huelga. El sindicalista lo vinculó con la aplicación de la brigada antipiquetes y con despidos por supuestos bloqueos de establecimientos. "Ese fue un modelo de prueba que hoy se pretende institucionalizar", afirmó.

Como ejemplo, mencionó un conflicto reciente con una empresa arenera, donde el empleador despidió personal alegando un bloqueo en un buque. "Se ignora que los trabajadores de a bordo cumplen funciones náuticas y de seguridad, no solo comerciales", remarcó.

Cambios en la actividad fluvial y antecedentes de los años 90

El dirigente advirtió que la reforma laboral se inscribe en una serie de medidas que, a su entender, afectan directamente a la navegación fluvial, la marina y la pesca. Enumeró la ley Bases, la desregulación pesquera, el DNU 70/23 que declaró esencial la actividad, la modificación del REGINAVE y el DNU 340/25 que intenta habilitar banderas extranjeras.

"Son recetas calcadas de los años 90. Terminaremos trabajando en nuestras propias aguas como extranjeros, en buques con bandera de conveniencia y sin derechos laborales", alertó Moreno, quien sostuvo que este modelo no genera empleo ni renueva la flota, sino que destruye lo existente.

El banco de horas y la eliminación de las horas extras

Otro de los puntos más cuestionados es la implementación del llamado "banco de horas". Para Moreno, eliminar el pago de horas extras y reemplazarlo por francos otorgados a discreción de la empresa implica una pérdida salarial encubierta.

"La hora extra remuneraba el esfuerzo por encima de la jornada legal. Cambiarla por descanso cuando a la empresa le conviene es trasladar todo el riesgo empresario al trabajador", señaló.

En el caso de la actividad fluvial, explicó que la permanencia a bordo las 24 horas no es una opción, sino una exigencia de seguridad. "Meter todo en una misma bolsa es abolir condiciones históricas y reducir el salario de facto", advirtió.

Advertencia política y llamado a los legisladores

Moreno cuestionó además la falta de diálogo del Gobierno y aseguró que la única negociación que se habilita es con los gobernadores. En ese marco, advirtió que los legisladores que acompañen la reforma "tendrán que rendir cuentas" por darle la espalda al pueblo trabajador.

"Vamos a mantenernos en la lucha y en contacto permanente con los legisladores. Sabemos quiénes defienden a quién y tenemos memoria", concluyó.