Este martes se oficializó una nueva modificación al Código Aeronáutico mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 338/2025, publicado en el Boletín Oficial. La reforma actualiza la Ley N.º 17.285 y fue impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

El objetivo central de la medida es actualizar y simplificar normativas del sector aéreo que estaban vigentes desde hace más de cinco décadas. El cambio está alineado con la política de Cielos Abiertos que impulsa el Ejecutivo nacional.

Principales puntos del nuevo Código Aeronáutico

Matrícula de aeronaves: se habilita la posibilidad de matricular aeronaves mediante contratos celebrados en el país o en el extranjero. Estos deberán inscribirse en el Registro Nacional de Aeronaves y cumplir con lo estipulado en el artículo 42.

Sociedades operadoras: se elimina el requisito de que dos tercios del directorio sean de nacionalidad argentina. Solo se exige el domicilio legal en Argentina (artículo 99).

Jefaturas de aeródromo: solo se requerirá jefe de aeródromo público en los casos que determine la ANAC, eliminando duplicaciones de funciones (artículo 88).

Documentación societaria: se simplifican las exigencias para la presentación de libros de actas y documentación legal, en línea con el Código Civil y Comercial (artículo 101).

Uso de aeronaves extranjeras: se autoriza el uso de aeronaves con matrícula extranjera sin obligación de tripulación ni asistencia argentina (artículo 107).

Programaciones de vuelos: los itinerarios serán coordinados directamente entre los operadores aeroportuarios y las aerolíneas. Dejan de requerir aprobación del Ejecutivo, y se eliminan referencias tarifarias (artículo 109).

Autorizaciones para trabajo aéreo: se reducen los requisitos para obtener permisos, con el objetivo de agilizar procedimientos (artículo 131).

Derogaciones: se eliminan los artículos 106 y 111, que establecían la obligación de personal argentino en servicios aerocomerciales y el derecho de preferencia del Estado para adquirir bienes de empresas al finalizar sus actividades.