Las constituciones provinciales no deberían escribirse para beneficiar a un gobierno de turno. Deberían representar acuerdos duraderos, capaces de limitar el poder, garantizar controles y proteger a la sociedad frente a los abusos políticos. Cuando una reforma constitucional se convierte en un instrumento para asegurar continuidad política y concentración de facultades, deja de servir a la República y empieza a servir al poder.

Eso fue exactamente lo que ocurrió en Tucumán con la reforma constitucional de 2006 impulsada durante el gobierno de José Alperovich.

El proceso reformador estuvo precedido por escándalos que anticipaban el rumbo que tomaría aquella Convención. Hubo denuncias de compra de voluntades para lograr la sanción de la ley de convocatoria y un escenario político dominado por mayorías absolutas oficialistas. Difícilmente pueda construirse una Constitución equilibrada cuando quienes impulsan la reforma concentran todo el poder y eliminan cualquier contrapeso institucional.

A nuestro espacio político, Fuerza Republicana, aquella convocatoria nos encontró exhaustos política y financieramente luego de haber atravesado las elecciones legislativas de 2005. Ese contexto debilitó aún más la capacidad opositora frente a un oficialismo que avanzó prácticamente sin límites ni controles.

El resultado fue una Constitución diseñada a medida del poder político de entonces. No es casualidad que Alperovich haya terminado convirtiéndose en el único gobernador tucumano en ejercer tres mandatos consecutivos. La reforma fue eficaz para garantizar continuidad política y consolidar un esquema de concentración de poder que marcó a la provincia durante más de una década.

La modificación más grave recayó sobre el sistema electoral. Hasta ese momento, la Constitución dejaba abierta la posibilidad de que el régimen electoral fuese regulado por ley, permitiendo distintos mecanismos como alianzas o sistemas alternativos. Sin embargo, la reforma de 2006 decidió blindar constitucionalmente el sistema de acoples, institucionalizando un mecanismo que terminó fragmentando la representación política y multiplicando estructuras clientelares.

En contraste, la reforma constitucional de 1990 impulsada por Fuerza Republicana durante el gobierno de José Domato, había sido concebida bajo una lógica completamente distinta. Aquella Constitución fue diseñada como una verdadera carta de principios republicanos, incorporando fuertes mecanismos de control institucional, transparencia electoral y responsabilidad sobre el manejo del dinero público.

La Constitución del 90 incluso tipificaba delitos electorales dentro de su texto, estableciendo una postura estricta contra el fraude y la compra de voluntades. Además, fijaba límites concretos al uso discrecional de los recursos públicos. Uno de sus principios más importantes obligaba a que los municipios destinaran al menos el 50% de sus presupuestos a obras públicas, priorizando inversión y desarrollo por sobre estructuras estatales sobredimensionadas y gastos corrientes.

La reforma de 2006 reemplazó esa arquitectura de control por otra orientada a facilitar el ejercicio del poder. La introducción de la aprobación tácita de los Decretos de Necesidad y Urgencia es quizás el ejemplo más claro de ello: uno de los pocos casos en el derecho público donde el silencio pasó a interpretarse positivamente en favor del Poder Ejecutivo.

La consecuencia de aquel modelo está a la vista. Un sistema electoral deformado por los acoples, administraciones públicas consumidas por el gasto corriente y un deterioro institucional progresivo que alejó a Tucumán de la idea de provincia moderna, transparente y próspera que se había proyectado en los años noventa.

Por eso, discutir la calidad institucional no es un debate abstracto. Es discutir qué tipo de provincia queremos construir. Una Constitución debe servir para limitar el poder, no para garantizar privilegios políticos ni perpetuaciones personales.

Tucumán necesita volver a una visión republicana seria, con reglas claras, controles efectivos y respeto por las instituciones. Porque cuando una Constitución se redacta pensando en una persona o en un espacio político, lo que termina debilitándose es la democracia misma.