Dentro de la ciencia política, uno de los enfoques más recientes -y urgentes- es el estudio de la erosión democrática. A mediados de la década de 1970, el mundo vivió una "tercera ola de democratización" y hasta hubo quienes se permitieron el pecado del optimismo: aventuraron que la democracia estaba llamada a ser una tendencia irrefrenable en el mundo. Era un sueño halagüeño, pero lejano a la realidad.

Según el índice de The Economist, en 2024 sólo el 45% de la población mundial vivía bajo un régimen democrático. Para entender ese fenómeno es indispensable abandonar los esquemas binarios de razonamiento. Esa lógica es bivalente: democracia o dictadura. Y su pensamiento simplista conduce a una falacia: si no es una, entonces es la otra. Contra este reduccionismo, las corrientes principales de estudio hoy advierten que las democracias sufren deterioros progresivos. Son procesos de "retroceso", "desmontaje" o "desmantelamiento" democrático. 

En el "mainstream" anglosajón se le llama "backsliding": literalmente, "retroceso". Es decir, ya no hay golpes de Estado que cancelan la democracia de facto, sino que hay gobiernos electos que se encargan de derruirla. Y los hay de izquierda a derecha. Desde la Venezuela del chavismo hasta El Salvador de Nayib Bukele.

Precisamente, como no hay un corte abrupto del orden institucional, lo complejo de estudiar la pérdida de la calidad democrática radica en que son mecanismos de erosión gradual. Van limando diferentes dimensiones de la democracia. Sin pausa, se comienzan a lesionar los principios constitutivos del fenómeno democrático: la dimensión electoral, la dimensión liberal, la dimensión consensual, la dimensión participativa, la dimensión deliberativa y la dimensión igualitaria, en nombre de que la voluntad de la "mayoría" es el primer principio y fin último que legitima todo avance del decisionismo más allá de los límites institucionales. Es decir, todo abuso de poder.

En Tucumán, sin embargo, el retroceso democrático tiene un hito específico. Y una fecha precisa. Se apresta a cumplir unos infames 20 años de vigencia. Aquí, la herramienta de la que se sirvió el poder político para desmontar la democracia provincial fue la reforma constitucional de 2006.

La república desequilibrada

El nuevo texto constitucional alumbró una república desequilibrada. Hace dos décadas, el alperovichismo decidió que en Tucumán ya no habría tres poderes del Estado que se contrapesaran.

En primer lugar, se estableció que el Poder Judicial vale menos que el poder político. Para destituir en juicio político al gobernador o al vice se necesitan más votos (tres cuartos del tribunal de la Legislatura, o sea 28 votos) que para remover a un vocal de la Corte (dos tercios, o sea 25 votos). En segundo lugar, la Legislatura dicta su propio presupuesto, el cual no puede ser vetado por el Poder Ejecutivo. La Corte no tiene esa prerrogativa respecto del presupuesto del Poder Judicial.

Para seleccionar a los miembros del Poder Judicial crearon el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), pero en la Constitución anotaron que se ubicaría en la órbita de la Casa de Gobierno, y que el gobernador definiría su estructura por decreto. Para deponer a los miembros de la Justicia crearon el Jurado de Enjuiciamiento, sin integración de la oposición.

En simultáneo, la Constitución de 2006 también pone al Poder Ejecutivo por encima del Legislativo. Hasta ese año, los legisladores eran los que determinaban el monto de sus ingresos mensuales. A partir de la reforma, a esas remuneraciones las fija el vicegobernador, que preside la Legislatura, pero es miembro del Ejecutivo. Para esterilizar aún más cualquier contrapeso, instituyeron que si el gobernador -o un ministro- es acusado por la comisión de Juicio Político, no será suspendido en su cargo durante el proceso. Es decir, podrá seguir ejerciendo funciones aquel a quien los legisladores acusen formalmente de mal desempeño de sus deberes. Parece el fin del sentido común, pero es el principio de la desvergüenza: tampoco se puede obligar a un funcionario que es candidato a pedir licencia durante el proselitismo. Su agenda de campaña pasa a ser "agenda oficial". Y cobra por ello.

Justamente, se ensañaron con la dimensión electoral de la democracia. La Junta Electoral Provincial, hasta entonces, era un organismo tripartito creado por ley que tenía dos miembros del Poder Judicial y uno del poder político. En 2006 le dieron rango constitucional, pero determinaron que al órgano que controla los comicios, justamente, lo conducirían los políticos: quedó con un miembro de la Justicia (el titular de la Corte), y dos del Ejecutivo: el vicegobernador y el fiscal de Estado. Este último ni siquiera es electo por el pueblo: el gobernador lo pone o lo quita por decreto.

La herejía institucional

Todas estas monstruosidades fueron fulminadas con declaraciones de nulidad en diferentes instancias judiciales provinciales y nacionales. Entonces, el alperovichismo decidió que si no podía gobernar con las normas que blindaran su discrecionalidad, tampoco lo haría con aquellas que lo limitaban.

Así es como una serie de normas constitucionales aprobadas por el oficialismo llevan 20 años incumplidas por el mismo oficialismo. No dictaron la ley de voto electrónico. No dictaron la Ley de Régimen Electoral y de los Partidos Políticos, con la cual se pudiera limitar el número de acoples. La reforma electoral no es sólo un compromiso ante la Iglesia que se incumple, ni una promesa gubernamental de la que se arrepienten: es una manda constitucional con dos décadas de mora.

No dictaron la ley reglamentaria de la autonomía municipal. Y no dictaron la nueva ley de acefalía, lo cual tornó de cumplimiento imposible el fallo contencioso administrativo que en septiembre de 2015 anuló la escandalosa elección del mes anterior y mandó a votar otra vez. No había tiempo material para que ello ocurriera antes del 29 de octubre. Ese día caducaban en sus funciones el gobernador, el vice y todos los legisladores y la vieja ley de acefalía no prevé que pueda asumir un vocal de la Corte de manera transitoria, así que se iba a generar un vacío de poder.

La única cláusula transitoria que ejecutaron es una que hizo desaparecer cuatro años. Dice que el período 2003-2007 no cuenta como tal. O sea: no existió. Así que el segundo período alperovichista, 2007-2011, era en realidad el primero. Y el tercer mandato, 2011-2015, era en verdad el segundo. Así, José Alperovich se convirtió en el único tucumano en la historia en gobernar durante 12 años consecutivos.

Para ciertos místicos del jasidismo, la única potencia que le falta a Dios es cambiar el pasado. Es lógico: su obra es perfecta, de modo que nada necesita ser modificado. El alperovichismo, en cambio, se arrogó esa facultad en la Constitución. Una verdadera herejía institucional que se confirma mediante un lapsus del inconsciente oficialista: sancionaron la nueva Carta Magna el 6 de junio de 2006. El día 6, del mes 6, del año 6. El número que, en la tradición cristiana, es "el signo de la bestia de la destrucción". Concretamente, el signo del desmontaje de la democracia de Tucumán.