"Permítase soñar con una provincia mejor, donde se materialicen sus esperanzas. Donde sus hijos gocen de una calidad de vida superior..." Así comenzaba, en abril de 2004, la convocatoria oficial del Gobierno de Tucumán a participar en la discusión de la reforma constitucional. A través de la web oficial y desde el Ministerio de Gobierno y Justicia, conducido ya entonces por Edmundo Jiménez, se promovía, virtualmente, la participación ciudadana, se abrían canales institucionales y se montaba una escena deliberativa que buscaba transmitir apertura, pluralidad y vocación de cambio.

El guion del poder

Pero ese escenario tenía guion. Porque desde el primer día de su gestión, José Alperovich empezó a cranear cómo evitar en carne propia el llamado "síndrome del pato rengo": ese desgaste inevitable que atraviesan los gobiernos cuando se acerca el final del mandato y el poder comienza a licuarse. La reforma constitucional no apareció entonces como una respuesta a una demanda social, sino como una necesidad de postergar los límites que tenía en Tucumán el poder político.

Y en ese marco, la convocatoria a la ciudadanía tenía límites precisos. No se invitaba a discutir el diseño real del poder. No se abría el debate sobre el sistema judicial que comenzaba a estructurarse -y que tendría en el propio Jiménez a uno de sus principales arquitectos-. No se ponía en cuestión la lógica de funcionamiento del Estado. Porque lo central ya estaba definido: la reforma debía habilitar la reelección. Todo lo demás -los nuevos derechos, la participación, la modernización institucional- funcionaba como envoltorio.

Entre la crisis y la estrategia

Por esos días, en Tucumán se discutía más cómo sobrevivir que cómo reformarse. A comienzos de los 2000, la provincia arrastraba las secuelas de la crisis nacional: deterioro salarial, conflictividad gremial persistente, fragilidad institucional y una representación política crecianmente cuestionada. El sistema de lemas, hipertrofiado hasta el absurdo, había terminado por desnaturalizar la voluntad popular, convirtiendo cada elección en una maquinaria opaca donde la legitimidad quedaba diluida entre cientos de boletas y acuerdos de cúpula. Ese clima era un terreno fértil.

Por eso, en Tucumán, la discusión sobre la reforma constitucional que se concretaría en 2006 no emergió como resultado de una demanda social organizada ni como síntesis de un consenso amplio. Por el contrario, fue empujada desde arriba, en simultáneo con el debate sobre el sistema electoral. 

La reforma comenzó a instalarse en la agenda pública no como una opción entre otras, sino como una necesidad casi inevitable. Una suerte de destino institucional que debía cumplirse. Y en ese proceso de instalación, los actores políticos jugaron un papel central: negociaciones parlamentarias aceleradas, acuerdos entre oficialismo y oposición, y una narrativa que asociaba cambio constitucional con modernización, transparencia y salida de la crisis.

Relatos y realidades paralelas

Y la política tucumana logró así algo que no siempre es sencillo: transformar una iniciativa de poder en una demanda aparentemente social. La reforma se volvió tema de conversación, objeto de debate académico, argumento de campaña y eje de la agenda mediática. Se organizaron charlas, encuentros, instancias de difusión. Se hablaba de participación ciudadana, de una Constitución "para todos", de la necesidad de aggiornar las instituciones.

Y en paralelo a ese despliegue discursivo, la sociedad seguía enfrentando problemas estructurales: empleo precario, salarios deteriorados, servicios públicos deficitarios. Al igual que hoy, y no por mera casualidad, en ese entonces la distancia entre las urgencias cotidianas y las prioridades del sistema político era, cuanto menos, evidente.

En ese contexto, la reforma constitucional operó también como un mecanismo de reordenamiento interno de la política. La discusión sobre reglas, sistemas electorales y estructuras institucionales permitió canalizar disputas de poder bajo la apariencia de un debate técnico o jurídico. Como si el problema fuera el diseño del tablero, y no las prácticas de quienes lo ocupaban.

Un diseño a medida

No se trata de negar la necesidad de discutir las instituciones. Toda democracia madura debe hacerlo. Pero sí de señalar que, en Tucumán, ese proceso estuvo lejos de ser lineal, transparente o exclusivamente orientado al bien común.

La reforma no nació de una crisis constitucional. Nació de una oportunidad política. Y como toda operación política eficaz, la reforma no solo cambió la Constitución: cambió las reglas del poder en favor de quienes ya lo detentaban. Lo que se vendió como apertura terminó siendo consolidación. Lo que se presentó como participación derivó en legitimación.

Y lo que se anunció como mejora institucional terminó incubando un sistema donde los controles se debilitan, la Justicia se acomoda y la impunidad deja de ser excepción para convertirse en norma. Nada de eso fue un accidente. Fue diseño. Y es, todavía hoy, una de las claves para entender por qué en Tucumán cuesta tanto discutir en serio la calidad de su democracia.