Ecuador vuelve a votar este domingo 16 de noviembre en un proceso relámpago organizado por el CNE en apenas 40 días. No se eligen autoridades, sino que la ciudadanía deberá responder tres preguntas para reformar la Constitución: permitir bases militares extranjeras, eliminar el financiamiento estatal a los partidos y reducir el número de asambleístas. A esto se suma una cuarta cuestión clave: si se convoca o no a una Asamblea Constituyente.

La campaña duró solo 13 días, un margen tan corto que muchos ecuatorianos llegan al día de la votación sin entender del todo qué se está consultando. En Guayaquil, el comerciante Luis Serrano lo resume con simpleza: "No hubo información suficiente". Para él, las reformas pasan a un segundo plano frente a la inseguridad que asfixia a su barrio. "Sin seguridad no se puede trabajar", lamenta.

Cansancio político y poca claridad sobre la Constituyente

A metros de ahí, Gonzalo Abad, jubilado y dueño de una lavandería, ni siquiera quiso informarse sobre el contenido del referéndum. "Nada de esto va a cambiar la realidad", dice, convencido de que el Gobierno busca un respaldo político más que un cambio profundo.

Para el analista político Esteban Ron, esta apatía es consecuencia de años de votaciones constantes que saturaron a la población. Según sostiene, la mayoría desconoce el alcance real de una Asamblea Constituyente, y el propio presidente Noboa ha sido esquivo en explicar su proyecto. "Ganemos primero y después les cuento", dijo el mandatario cuando le consultaron sobre su visión constitucional.

Ron remarca, además, que aprobar la Constituyente desencadenaría un largo camino electoral: elegir asambleístas constituyentes en febrero, votar por la nueva Constitución y, luego, convocar nuevas elecciones generales. El proceso podría extenderse hasta 2027, en un país que atraviesa crisis simultáneas y, según él, no tiene margen para una transformación institucional tan profunda.

Un debate atravesado por la política simbólica

La analista Pamela León interpreta la apuesta por una nueva Constitución como un gesto más político que práctico. En su lectura, el objetivo es "descorreizar" el Estado y desmontar los últimos resabios del correísmo. Aunque reconoce su fuerza simbólica, aclara que eso no significa mejoras concretas para la ciudadanía: "El Gobierno está reescribiendo el relato del país, pero eso no resuelve el día a día".

En paralelo, Noboa disfruta de un escenario político cómodo. Con una oposición fragmentada y sin un plan común, el Ejecutivo ha capitalizado el momento: otorgó bonos, avanzó -aunque parcialmente- en la construcción de la cárcel de máxima seguridad y trasladó a reclusos de alto perfil, incluido el exvicepresidente Jorge Glas. A esto se suman operativos policiales constantes y la activa participación de instituciones públicas en la campaña por el "sí", sin sanciones del CNE.

En este contexto, el presidente ha logrado instalar su narrativa sin mayores obstáculos, apoyado por un aparato estatal y mediático que lo acompaña mientras Ecuador vuelve, una vez más, a decidir en las urnas.