REDECU denunció penalmente a TRANSNOA por poner en riesgo la vida de miles de tucumanos
La organización acusa a la empresa de permitir la instalación de viviendas bajo tendidos de alta tensión y de incumplir las normas de seguridad eléctrica, inacción dolosa y violación al derecho a la salud.
La Red de Defensa al Consumidor y Usuarios (REDECU) presentó una denuncia en la Justicia Federal contra TRANSNOA S.A., concesionaria del transporte eléctrico en el NOA, por incumplir la normativa y permitir que familias vivan bajo tendidos de alta tensión.
La acción judicial fue presentada con el patrocinio de los abogados Juan Andrés Robles y Emilio Mrad. Acusan a la empresa de omisión de controles, inacción dolosa y violación al derecho a la salud.
La denuncia: omisión y peligro común
La Asociación Civil REDECU, encabezada por su presidenta Cecilia María Sánchez Blas y su secretario Eduardo Alberto Bourle, formuló una denuncia penal contra Transnoa S.A. por los delitos de incumplimiento de deberes, omisión de actos funcionales, estrago culposo y creación de peligro para la seguridad pública.
El planteo judicial se basa en la inacción sistemática de la empresa para fiscalizar y remediar zonas de servidumbre eléctrica invadidas por viviendas precarias, incumpliendo la Ley 24.065, la Ley de Higiene y Seguridad N.º 19.587, la normativa técnica vigente y sus obligaciones contractuales como concesionaria.
Familias viviendo bajo riesgo eléctrico
La presentación detalla que el 8 de agosto de 2025 se constataron edificaciones dentro de la franja de servidumbre de líneas de alta tensión (132 kV) en Los Pocitos, barrio Nueva Italia y barrio San Alberto, violando la prohibición expresa de construir en esas zonas.
Según la normativa, la franja de seguridad alcanza 38 metros de ancho y en su interior no deben existir viviendas. Sin embargo, REDECU advierte que Transnoa no solo permitió la consolidación de asentamientos, sino que en algunos casos tendió las líneas sobre construcciones preexistentes, exponiendo a la población a un riesgo grave y permanente.
Derecho a la salud y responsabilidad penal
La denuncia remarca que la exposición a campos electromagnéticos y el riesgo de siniestros eléctricos constituyen una violación sistemática del derecho a la salud, protegido por la Constitución Nacional, tratados internacionales y la Ley 24.065.
REDECU recuerda que la jurisprudencia equipara a los concesionarios de servicios públicos con funcionarios públicos en cuanto a sus deberes de prevención y seguridad. Por ello, exige que la Justicia Federal adopte medidas urgentes para salvaguardar la vida y la integridad de las familias afectadas.