La presentación judicial firmada por las autoridades de REDECU: Cecilia María Sánchez Blas, Eduardo Alberto Bourle y Carlos Aníbal Cisneros bajo el patrocinio del Abogado Juan Andrés Robles, cuestiona la Resolución N.º 1167/25, a la que califica como una convocatoria "exprés", diseñada con plazos concentrados en diciembre, en pleno receso administrativo y judicial, lo que impide un análisis técnico serio de decisiones que regirán el servicio eléctrico por los próximos cinco años.

Audiencia "exprés" y participación limitada

Según REDECU, el cronograma fijado por el ente regulador vacía de contenido el mecanismo de participación ciudadana, ya que obliga a los usuarios y organizaciones a pronunciarse sin contar con información completa ni tiempos razonables para su evaluación.

"Se trata de una audiencia meramente formal, sin garantías reales de control ciudadano", sostiene la demanda, al advertir que el procedimiento beneficia exclusivamente a la empresa regulada.

Las irregularidades denunciadas

En el escrito presentado ante la Justicia, la asociación enumera una serie de falencias que, a su criterio, vician de nulidad todo el proceso:

Ausencia de información técnica esencial, como el Plan de Obras, los regímenes de calidad y sanciones, la contabilidad regulatoria y los lineamientos de transición energética.

Plazos irrazonables, que tornan ilusoria la posibilidad de un análisis técnico serio.

Acumulación de múltiples temas complejos en una sola audiencia, lo que diluye el debate y limita el intercambio real.

Sistema de inscripción opaco, restringido al envío de correos electrónicos y sin constancia automática de participación.

En ese marco, REDECU advierte que "el ente que debe controlar no controla", lo que deja a los usuarios en una posición de indefensión frente a decisiones de alto impacto económico y social.

Pedido urgente de medida cautelar

Ante la gravedad de la situación, la organización solicitó una medida cautelar inmediata para:

Suspender el procedimiento en curso.

Ordenar la publicación completa de toda la documentación técnica.

Reprogramar la audiencia una vez finalizada la feria judicial.

Dividir el debate en audiencias temáticas, según la complejidad de cada asunto.

Implementar un sistema de inscripción digital transparente y verificable.

El Acuerdo de Escazú como respaldo

REDECU también invocó el Acuerdo de Escazú, al remarcar que las decisiones vinculadas al servicio eléctrico tienen impacto ambiental, económico y social, lo que exige máxima transparencia y participación efectiva, y no simples formalidades administrativas.

La definición judicial será clave. Si la audiencia avanza en estas condiciones, advierte la asociación, quedará consolidado un proceso cerrado, opaco y contrario a los derechos de los usuarios del servicio eléctrico.