Una votación clave contra el veto presidencial

La Cámara de Diputados logró este miércoles el número necesario para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que busca reforzar la atención y el financiamiento para personas con discapacidad y los prestadores del sistema.

La votación terminó con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, superando los dos tercios requeridos (165 votos). De este modo, la oposición dio el primer paso para revocar la decisión presidencial. Si el Senado ratifica el mismo resultado, el veto quedará definitivamente caído y el Ejecutivo deberá promulgar la ley.

Cómo se habilitó el debate

El tratamiento del proyecto no tenía despacho de comisión, por lo que antes fue necesario aprobar su habilitación en el recinto. Esa votación anticipó el resultado final: 166 votos afirmativos y 75 negativos. Entre quienes habilitaron el debate se destacaron legisladores de distintos bloques, incluso algunos cercanos al oficialismo.

La sesión estuvo presidida por Martín Menem, quien dejó en claro que el tratamiento requería de una mayoría especial para avanzar.

Un debate cargado de tensiones políticas

La discusión estuvo atravesada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición.

La diputada de izquierda Vilma Ripoll celebró la votación, advirtiendo que de no sancionarse la norma habría "personas sin atención, equipos desarmados, instituciones cerradas y una profundización del abandono estatal".

Por su parte, el neuquino Osvaldo Llancafilo (MPN) señaló que el propio anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni, sobre posibles mejoras para el sector, es un reconocimiento de la urgencia: "Evidentemente el Gobierno acepta que hay una cuestión para atender, pero llega tarde", afirmó.

Desde la Coalición Cívica, Victoria Borrego acusó al Ejecutivo de violar la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Mientras que el jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, cuestionó los números del veto: "Estamos hablando de un 0,03% del PBI. No se puede decir que esto compromete las cuentas del Estado".

Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, criticó la falta de presupuesto y la "crueldad" del Gobierno al priorizar otras partidas: "Si teniendo un gasto anual de 126 billones de pesos no pueden encontrar cómo sostener a las personas con discapacidad, estamos frente a un problema de gestión gravísima".

La voz del autor del proyecto

El presidente de la Comisión de Discapacidad y autor de la norma, Daniel Arroyo, defendió el proyecto al señalar que "la Ley de Emergencia en Discapacidad está fuera de la grieta, porque es de pura justicia, de humanidad y de racionalidad económica".

Arroyo fue contundente: "El veto es absurdo porque todos sabemos que no tiene impacto fiscal. Reordena un sistema colapsado y representa apenas un 0,003% del PBI". Además, subrayó que muchos prestadores y familias enfrentan atrasos insostenibles: "Un acompañante terapéutico cobra $3.000 por hora a seis meses, y los hogares están a punto de cerrar".

Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad

El proyecto aprobado en el Congreso declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026. Entre sus principales medidas contempla:

Financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas por discapacidad.

Fortalecimiento y asistencia a los prestadores de servicios.

Actualización de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

Recursos garantizados para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Apertura de nuevos cupos en el Régimen Federal de Empleo Protegido.

Pensión inembargable para mayores de 70 años o personas con discapacidad sin cobertura.

Participación de organizaciones representativas en la toma de decisiones.

La norma también autoriza al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para asegurar el financiamiento, aunque sin reducir fondos destinados a servicios sociales.

El Senado deberá ahora definir si ratifica la decisión de Diputados. Si consigue también los dos tercios, el veto presidencial quedará sin efecto y la ley entrará en vigencia.