La voz de Susana Trimarco: "Me trataron de puta y prostituta"

"¿Cuántos años ya de lucha? 23", recuerda Susana Trimarco en El Avispero por Enterate Play al repasar la búsqueda de su hija, secuestrada el 3 de abril -fecha que, según la dirigente, marcará 24 años el próximo abril-. En el relato,, Trimarco describe una investigación atravesada por "conexiones" entre poder político, judicial y policial que habrían impedido encontrar a Marita y a otras víctimas.

Trimarco reconstruye episodios de hostigamiento, amenazas y ataques contra su familia: intentos de matar, incendios, agresiones y la pérdida forzada de la presencia de su hija en la vida de su nieta. Relata además la humillación pública: recuerda que le dijeron "puta y prostituta", y atribuye esas palabras -según dijo- a Edmundo "Pirincho" Jiménez, en ese entonces con un cargo relevante en la Casa de Gobierno.

Trimarco asegura que lo enfrentó en persona y que Jiménez negó haber proferido el insulto, pero que la ofensa forma parte de un patrón de "criminalización de la víctima" que marcó el tratamiento de la causa.

La Justicia tucumana, según Trimarco: estructuras que protegen la impunidad

La principal denuncia de Trimarco no es sólo personal: es estructural. Afirma que la causa por el secuestro y la trata de Marita mostró un "verdadero mapa de trata" -con 180 testigos y 25 testigos directos que la vieron con vida- pero que esos testimonios fueron "absorbidos" por la propia maquinaria judicial. Según su relato, la investigación debió escalar hasta la Corte Suprema de la Nación para evitar que las instancias locales la archivaran o la desvirtuaran.

Trimarco critica también mecanismos recientes que, a su juicio, favorecen la impunidad, como la práctica de los juicios abreviados en casos de violencia sexual: "que un violador quiera arreglar con la madre por esa causa es una vergüenza", sostuvo en la entrevista. Denuncia asimismo la permanencia en cargos del Poder Judicial de personas con "una cultura antigua" que resta credibilidad a las víctimas y normaliza la revictimización.

Edmundo Jiménez y los fiscales: foco en nombramientos y responsabilidades

El relato de Trimarco pone el foco en Edmundo Jiménez -apodado "Pirincho"- como un símbolo de la connivencia entre espacio político y justicia. Ella recuerda que Jiménez ocupó un cargo importante en la Casa de Gobierno y que, desde allí, se permitieron y difundieron mensajes que descalificaron a las víctimas. Más allá del episodio concreto del insulto, Trimarco denuncia que ciertos funcionarios y operadores judiciales habrían actuado para "dar vuelta" causas o demorar órdenes de allanamiento, lo que permitió que redes de trata y otros delitos continuaran operando.

También cuestiona el rol del Ministerio Público Fiscal en distintos momentos: menciona funcionarios que colaboraron y otros que, a su juicio, entorpecieron. Si bien reconoce la labor de fiscales individuales -y valora la aparición de fiscales jóvenes con otra formación- insiste en que las designaciones y el relevamiento de responsabilidades dentro del Poder Judicial de Tucumán siguen sin responder a criterios suficientes de independencia y renovación.

La denuncia contra Baclini: complicidad y calumnias

Trimarco también apuntó contra Ernesto Baclini, a quien acusó de colaborar con la mafia vinculada a la causa de su hija. Relató que Baclini, entonces secretario de la fiscalía, recibía información sobre sus avances en la búsqueda de Marita y la filtraba a los sospechosos, incluyendo a la Rivero y la "Chancha" Ale.

 "Ese tipo es un vergonzoso, un descarado, un sinvergüenza, y por suerte ya no está en el poder judicial, pero sigue haciendo daño afuera", aseguró Trimarco, denunciando que inventaba calumnias para perjudicar a las víctimas y a quienes investigaban las redes de trata.

La pregunta que queda: ¿por qué persiste la impunidad?

Trimarco resume el problema en una idea central: para que un delincuente actúe con impunidad se necesita "una estructura dependiente de los poderes del Estado que no funciona". Desde esa mirada, la impunidad no sería sólo falla procesal o negligencia: sería complicidad. Ella cuenta episodios concretos (allanamientos demorados, testigos ignorados, funcionarios que pasaron información a sospechosos) que, según su experiencia, explican por qué causas como la de Marita tardaron tanto en avanzar.

A la vez, Trimarco reivindica los avances logrados por la lucha social: rescates, mayor visibilidad de la trata y cambios en políticas públicas. Pero advierte que falta mucho: "queda gente grande, mayor, que tiene la cultura de antes", dice, y reclama que el recambio y la profesionalización del Ministerio Público Fiscal y de los tribunales sean prioridades para terminar con la lógica que revictimiza y paraliza las causas.

Qué implica para Tucumán y qué reclaman las víctimas

La denuncia de Trimarco es, en los hechos, un llamado a que la provincia revise no sólo expedientes sueltos sino las reglas de funcionamiento institucional: nombramientos, control de conductas de funcionarios judiciales y policiales, transparencia en las investigaciones y garantías procesales para las víctimas. También exige que se investiguen responsabilidades administrativas y penales de quienes, según su relato, obstruyeron causas.

Sin una respuesta institucional clara -y sin investigaciones internas o externas creíbles sobre los episodios que denuncia-, el sentimiento de impunidad se mantendrá y con él la desconfianza de las víctimas hacia el propio sistema encargado de protegerlas.