Sentencia de muerte a la justicia
En un crudo análisis, la periodista Myriam Costilla Duyck denuncia que el Proyecto 101-PL-26 no busca modernizar, sino instaurar un "feudalismo judicial". Advierte que la norma permitiría al poder político elegir jueces a medida, allanando el camino para el avance del narcotráfico.
De Myriam Costilla Duyck para La Pluma ViralMañana, el Salón de Sesiones de la Legislatura no será un espacio de debate democrático, sino el escenario de una autopsia: la de la independencia judicial. Bajo el rótulo técnico de «Proyecto 101-PL-26», los legisladores, -que perciben un sueldo de más de 200 millones mensuales -, María C. Vargas Aignasse, Gerónimo Vargas Aignasse, Luis R. N. Ocaranza, Tulio E. Caponio, Tomás Cobos y Héctor A. Salmón se disponen a firmar el acta que legaliza el feudalismo judicial. No es una reforma; es una demolición en etapa terminal.
Los rostros detrás del proyecto ‘Justicia a la Carta'. Estos son los legisladores de Tucumán que tienen en sus manos el tratamiento de la Ley 101-PL-26. Una reforma que pone en jaque la independencia judicial y la transparencia institucional. La democracia exige que miremos de cerca a quienes deciden el futuro de nuestras leyes.
La trampa de la «Multicompetencia»
El proyecto busca facultar a jueces para actuar en múltiples fueros sin haber sido elegidos para ello. Esto tiene un nombre técnico: violación del Juez Natural. Pero tiene un nombre político mucho más sucio: "Justicia a la Carta". Con esta ley, el poder político podrá elegir qué juez trata cada causa, moviendo las piezas de un tablero donde la legalidad es lo que menos importa.
Tucumán: El paraíso diseñado para el Narco crimen
Lo más grave no es solo el control político, sino el vacío que esto genera. Al desmantelar la especialidad de la justicia y someter a los jueces al arbitrio de una Corte Suprema que funciona como una escribanía del Ejecutivo, se están pavimentando las rutas del narco criminalidad. Un sistema judicial «multicompetente» y politizado es, por definición, un sistema ciego e ineficiente contra el crimen organizado. A esto se deben sumar los Jueces de Paz, -muchos legos, sin especialidad profesional, sin rendir concurso del CAM y sin infraestructura-, pasarán a ser Súper Jueces que incluso tendrán permitido tramitar Concursos y Quiebras.
Al destruir los controles, Tucumán se proyecta no como una provincia productiva, sino como un "paraíso fiscal y logístico para el narco estado". Donde no hay jueces independientes, el lavado de activos y el tráfico de drogas encuentran su hábitat ideal.
Tucumán vive bajo un "Triunvirato Autocrático" (Ejecutivo Osvaldo Jaldo, Corte local Daniel Leiva y Ministerio Fiscal Edmundo Jiménez de 82 años de edad). Este proyecto de ser concretado por Acevedo y Mansilla es el blindaje final para ese esquema.
Mientras la provincia ostenta la Legislatura más cara del país, el ciudadano común queda desprotegido frente a un sistema que usa el espionaje ilegal y la persecución para silenciar a quienes se atreven a señalar la podredumbre como el caso de disciplinamiento por medio de Censura Impuesta por 6 años al Dr. Gustavo Morales, -hecho aberrante de tortura psicológica entre tantos otros-, observados por ONU.
El ¨Palacio de Tribunales fue construido en 1939 por el Presidente de la Corte de Justicia de Tucumán Dr. Juan Heller, una obra arquitectónica que muestra la inversión del 100% del dinero destinado a una obra de mármol.
Señores legisladores: Mañana, cuando levanten la mano para aprobar este dictamen, no estarán modernizando la justicia. Estarán entregando las llaves de la provincia a la anomia y al crimen. Tucumán ya no aguanta más «reformas» que solo sirven para que los mismos de siempre sigan siendo dueños de todo, incluso de nuestra libertad.
La historia -y ojalá que pronto la Intervención Federal en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- los juzgará.