Para los místicos del judaísmo, la única potencia de la que carece Dios es la de cambiar el pasado. Hay una lógica de hierro en esa presunción: su obra es perfecta (de nuevo: es Dios), así que nada necesita enmendar de ella. Por el contrario, el presidente Javier Milei, y sus fanáticos, se consideran eximidos de esa carencia: han decidido que, hace 100 años, la Argentina era una potencia mundial.

Esa idea es una pretensión infundada para un país al que las sucesivas revoluciones industriales, así como las dos guerras mundiales que reconfiguraron el escenario internacional, le pasaron por el costado. Que haya existido cierta prosperidad económica es una dimensión que no alcanza por sí sola, ni remotamente, para pretender que hace un siglo nuestro país, netamente agroexportador, era uno de los polos de poder de este planeta durante su período pre-democrático. Sobre todo porque su incipiente infraestructura, justamente, había sido propiciada por una potencia: Gran Bretaña. Los ferrocarriles eran ingleses; y los frigoríficos, mayormente, anglonorteamericanos.

El alineamiento y la dependencia con el Reino Unido quedaron largamente expuestos a partir de la crisis del capitalismo de 1929, que detona en EEUU y dispara la "Gran Depresión", y que desemboca en el acuerdo "Roca-Runciman". En plena "Década Infame", ese tratado de comercio enfrentó discursivamente a los conservadores (proclamaban haber salvado el país de la quiebra al garantizar el comercio de las carnes con los ingleses) contra los nacionalistas (denunciaban que esta nación había sido reducida a la condición de colonia austral de los británicos). De "potencia" nadie hablaba.

La realidad existe más allá del deseo y esa advertencia del psicoanálisis aplica también a la realidad histórica. El pasado no puede enmendarse y por eso habría que tener más cuidado con el presente. Esa urgencia se actualizó este sábado en el acto de la Sociedad Rural Argentina, una de las matrices de la eterna Argentina agroexportadora que nunca fue potencia, encabezado por el mandatario. Tanto en algunos tramos del discurso del Presidente, como en sus posteriores declaraciones periodísticas, quedó evidenciado que la erosión democrática que viene sufriendo este país ha llegado para quedarse. Los límites de la calidad institucional que fueron derruidos en el pasado reciente han determinado un retroceso democrático del cual no se volverá con facilidad. Mucho menos durante un Gobierno que quiere cambiar el siglo XX con discursos de poco rigor y mucho voluntarismo, pero que no luce dispuesto a hacer hoy algo para enmendar la involución contra el pluralismo que viene perpetrándose aquí desde que comenzó el siglo XXI.

En una entrevista radiofónica, el jefe de Estado acusó de "asesinos" y de "genocidas" a los senadores nacionales que votaron las leyes de aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. En idénticos términos se refirió a los que vayan a insistir con esas normas. "Aquellos que no acompañen el veto son genocidas y van a estar asesinando a las generaciones futuras. Estarían haciendo una matanza sobre nuestros jóvenes", sentenció.

Milei sostuvo que la sesión del Senado en la que se aprobaron esas leyes fue "autoconvocada" por la oposición y fustigó a la vicepresidenta Victoria Villarruel por darle inicio a esa deliberación, a pesar de que la Casa Rosada consideraba inválida la convocatoria. Precisamente, Milei sostuvo que la sesión fue el resultado del "mamarracho de la traición en el Senado" de la vicepresidenta. Esa misma expresión durante su discurso. En Córdoba, a mediados de semana, había descalificado a la Presidenta del Senado llamándola "traidora bruta". Ayer, en su diálogo con periodistas, la tildó de la misma manera. También la llamó a "renunciar a su jubilación de privilegio". Y le deseó el "destierro".

Cuando hace una pausa en su andanada de improperios, el jefe de Estado minimiza sus ofensas, pretendiendo que sólo es una cuestión de "modales". "Esta gente... que se quejen de mis formas y todo eso, que se vayan a la concha de su madre. Pero ellos tienen muy buenas formas y son los ladrones de guantes blancos", afirma. Lamentablemente, no se asiste meramente a la diatriba de un político guarango. Milei está lesionando parte de la materia prima para consumar democracias.

En un libro canónico para la ciencia política contemporánea, "La poliarquía. Participación y oposición" (1971), el gravitante Robert Dahl se pregunta cuáles son las condiciones que propician o entorpecen la consolidación de un sistema democrático. En esa aproximación al concepto ideal de democracia, en su punto máximo, todos los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades para formular preferencias; para manifestarlas públicamente; y para recibir por parte del gobierno un trato igual o no discriminatorio.

La historiadora Camila Perochena, quien rebatió de manera fundada la afirmación presidencial de que la Argentina era a inicios del siglo XX el país más rico del mundo, no mereció igual trato: un debate sustentado en datos e ideas. Por el contrario, fue objeto de comentarios insultantes del primer empleado público del país: el Presidente. "Patética. Se jacta de saber historia y arranca negando un dato base. Si llega a revisar las series de Madison le colapsará el cerebro (resulta claro que lo tiene lleno de parásitos). Fin", intentó humillar en su cuenta de "X". La base Maddison, reconocida como la serie de datos históricos sobre desarrollo económico más confiable y la única con información anterior a 1900, muestra que Argentina, al comenzar el siglo XX, no ocupaba el puesto número 1, sino el número 13 entre 45 países relevados, según el medio "Chequeado".

Que un ciudadano pueda manifestar públicamente sus opiniones, sin recibir trato discriminatorio por parte del gobierno, es una condición severamente dudosa en el país administrado por los que se autoperciben como los adláteres de la libertad.

Cuando se pone el foco no en la ciudadanía sino en sus representantes, el panorama no mejora. Para construir su teoría sobre la democracia, Dahl considera que la intensidad del conflicto entre el Gobierno y la oposición, naturalmente, resulta determinante en la predisposición del oficialismo a darle participación efectiva a sus adversarios. La clave, entonces, radica en cuál es el costo político de suprimir a la oposición. Y Dahl determina que "la probabilidad de que un gobierno tolere a la oposición crece en la medida que aumenta el precio político de suprimirla". Así que cuanto más alto sea el costo de suprimir a la oposición, más probabilidades habrá de contar con un sistema político competitivo, con elecciones libres en las que se midan diferentes partidos. Ello garantiza debate público y participación. Todas condiciones necesarias para aspirar a una democracia.

Desgraciadamente, la intolerancia tiene un costo político cada vez más bajo en la Argentina. No es un invento libertario, por supuesto. El kirchnerismo, que llegó al poder en 2003, fue haciendo un culto del discurso de odio. Cualquier objeción contra las políticas oficialistas no era rebatida con argumentos sino con etiquetas: "destituyente", "gorila", "golpista", "cipayo", "vendepatria". Hasta organizaron un "juicio público" contra periodistas en Plaza de Mayo, exponiendo retratos suyos y llevando a niños para que los escupieran. Toda crítica era atribuida por la propia Cristina Fernández de Kirchner a "la corpo" que promovía "un golpe de Estado blando". En paralelo, diarios, radios y canales de televisión se abocaban a difundir el "relato" al mismo tiempo que a vilipendiar a quienes se atrevieran a poner en duda las bondades de las políticas oficiales.

Nada de ello privó al kirchnerismo de gobernar hasta 2015 para luego retornar con un cuarto mandato en 2019, con Alberto Fernández como Presidenta y Cristina Kirchner como vice. Fue la comprobación de que desalentar el debate público mediante el linchamiento mediático de los que opinaran distinto, y la consecuente aspiración a suprimir la oposición comenzando por la anulación del disenso, no tenía altos costos políticos, pese a lo lesivo y disvalioso para la institucionalidad.

Perdido el límite de la tolerancia, el retroceso democrático, en los términos de Dahl, es palmario. De hecho, nada de esa erosión democrática ha sido desmantelado. Todo por el contrario. El que opina distinto que Milei respecto del devenir histórico del país tiene "parásitos en el cerebro". Cualquier objeción es en el plano de la economía es cosa de "mandriles". Quien se apega a las normas, aunque ellas no se ajusten al deseo presidencial, es "traidor" y "bruto". Quienes votan leyes que no le gustan al oficialismo son "asesinos" y "genocidas". Los argentinos, según el Presidente, no odian lo suficiente a los periodistas. Porque todos son "ensobrados". Salvo aquellos que le rinden pleitesía, incluyendo la interrupción de entrevistas para editar sus declaraciones "no convenientes".

Cuando la fuerza de los hechos deviene incontestable, como la de que los jubilados no pueden vivir con lo que ganan, adviene el argumento final: "la gente sabía lo que estaba votando". En rigor, eso mismo es lo que se está tornando vidrioso. Desde el punto de vista más coyuntural, porque "la gente" sabía que votaba un gobierno compuesto por Milei y por Villarruel. Pero resulta que ahora la Vicepresidenta, que obtuvo su cargo con la misma cantidad de votos que el Presidente, "ya no forma parte del gobierno", según el vocero Manuel Adorni.

Desde un punto de vista estructural, se torna todavía más difusa aquella certeza en torno de lo que se votaba. La democracia y las libertades liberales conforman un círculo virtuoso. De la libertad para expresarse libremente sin temor a represalias también están atravesados el voto libre en los comicios así como la libre asociación política en agrupaciones que compitan por representar al pueblo. Es decir, de las libertades fundamentales nacen el debate público y la participación política, indispensables para la democracia. Luego, la democracia es indispensable para el ejercicio pleno de esas libertades fundamentales.

Los argentinos, precisamente, eligieron que un gobierno que hacía flamear las banderas de esas libertades. Es decir, todo lo contrario a la erosión democrática. Pero el retroceso democrático, lejos de menguar, se prolonga. Y el Presidente y sus fanáticos ya no hablan de Juan Bautista Alberdi.