Este jueves, el juez Sebastián Casanello procesó al expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas irregularidades en contratos de seguros de entidades públicas durante su mandato. Es el primer procesamiento por corrupción que enfrenta Fernández. La acusación recae sobre el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, que contempla penas de prisión y la inhabilitación perpetua para quienes se beneficien de su cargo.

Para Casanello, el expresidente intervino para favorecer los negocios de Héctor Martínez Sosa, un bróker de seguros con quien mantiene vínculos cercanos: Martínez Sosa fue su cliente cuando Fernández ejercía como abogado y lobista entre 2010 y 2019. Además, su esposa, María Cantero, fue designada por Fernández como secretaria privada durante su presidencia, y también participó de estos negocios.

Negocios millonarios y un entramado que creció bajo su gestión

Durante el gobierno de Fernández, las comisiones cobradas por Martínez Sosa alcanzaron los 2252 millones de pesos, representando casi el 60% de las comisiones que pagó Nación Seguros. Esto supera ampliamente a la segunda empresa en volumen, que apenas logró el 17%.

El juez ordenó embargar los bienes de Fernández por más de 14.600 millones de pesos y procesó a otras 33 personas vinculadas, entre ellas Cantero, Martínez Sosa y el exjefe de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por delitos que incluyen administración fraudulenta y cohecho.

Además, se investiga un posible esquema de lavado de dinero y sobornos en el que habrían participado el exfuncionario Mauro Tanos y su esposa, vinculados a la gerencia de área sector público de Nación Seguros.

La influencia directa del expresidente en la expansión de negocios

El fallo sostiene que Fernández tenía un rol central en esta red de negocios. Mientras en el ámbito público buscaba formalizar contratos a través del decreto 823/2021 para centralizar las contrataciones en Nación Seguros, en paralelo promovía intereses privados cercanos a su entorno, facilitando y respaldando los negocios de Martínez Sosa.

El juez detalló episodios donde Fernández intervino personalmente para asegurar que contratos estatales siguieran en manos del bróker o para evitar la remoción de funcionarios afines, como Gustavo García Argibay, ligado a negocios irregulares.

La causa describe una comunidad de intereses económicos entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero que se extendió por años, con movimientos de dinero y favores cruzados. A pesar de la evidente cercanía, el expresidente no solo no cortó vínculos con estos negocios, sino que facilitó un ambiente propicio para el lucro privado en el Estado.