Ariel García Furfaro, titular del laboratorio HLB Pharma, fue procesado por la Justicia por sobrefacturar compras de equipos importados desde China. El empresario declaró operaciones por 5 millones de dólares ante la Aduana, pero los peritajes revelaron que el valor real no superaba los 500 mil.

El juez Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado en lo Penal Económico N°2, lo imputó por contrabando agravado y uso de documentación apócrifa en al menos cinco transacciones comerciales. Además del procesamiento, le dictaron un embargo por 25 mil millones de pesos, tanto a su nombre como al de HLB Pharma, firma ya investigada por la distribución de fentanilo contaminado.

Pese al procesamiento, García Furfaro sigue en libertad, ya que el juez no dictó prisión preventiva. Su defensa presentó una apelación tras ser notificado.

Fentanilo contaminado: el escándalo sanitario que sigue en la mira

El caso judicial se conecta directamente con otro escándalo de alto impacto: la distribución de fentanilo contaminado, fabricado por el mismo laboratorio HLB Pharma. Un informe del Cuerpo Médico Forense concluyó que las ampollas del lote 31202 agravaron cuadros clínicos de pacientes internados y fueron determinantes en al menos 11 muertes.

Otras cinco muertes fueron clasificadas como "fortuitas", es decir, que el contaminante estuvo presente pero no modificó el desenlace médico. El resto de los casos sigue bajo análisis por falta de datos.

Qué revelaron los estudios: bacterias letales en medicamentos inyectables

Los análisis del Instituto Malbrán confirmaron la presencia de Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, dos bacterias peligrosas para pacientes vulnerables. La primera, aunque de baja patogenicidad en condiciones normales, puede causar sepsis en personas inmunocomprometidas. La segunda es un bacilo de alta resistencia a los antibióticos más potentes y representa una amenaza crítica en ámbitos hospitalarios.

Aún resta una pericia clave del Malbrán sobre documentación técnica y elementos secuestrados durante los allanamientos, que podría definir responsabilidades penales más graves.