Arrancan las privatizaciones de la Ley Bases: el Gobierno prepara la venta de AySA

El Estado se desprenderá de su paquete mayoritario en Agua y Saneamientos Argentinos. El pliego de la licitación podría publicarse en las próximas semanas y abrirá la competencia para inversores privados.

El Gobierno de Javier Milei avanza con la venta de empresas públicas autorizadas por la Ley Bases, y AySA será una de las primeras en salir al mercado. Fuentes oficiales confirmaron que el pliego de la privatización está próximo a lanzarse, con publicación prevista en el Boletín Oficial antes de fin del primer trimestre, posiblemente en febrero.

Actualmente, el Estado posee el 90% de las acciones, mientras que el 10% restante pertenece a los trabajadores de la compañía. La venta mayoritaria deberá ser mínimo del 51% para garantizar que un operador privado tenga control efectivo sobre la gestión.

Quiénes podrán participar y criterios de selección

No será necesario que los postulantes sean empresas del sector de aguas; podrán competir compañías con experiencia en servicios públicos, nacionales o internacionales. Entre las interesadas se mencionó a SABESP, la empresa de saneamiento de São Paulo con 27 millones de clientes.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA) serán los organismos encargados de supervisar la calidad del servicio, tarifas, inversiones y planes estratégicos de la futura compañía privada.

Preparativos del Gobierno y plan de transición

Para dejar a AySA lista para la privatización, el Estado implementó un Plan de Acción de Transición 2024-2026, con inversiones previstas por $753.900 millones, además de un ajuste tarifario mayor al de la gestión anterior. Entre abril y noviembre de 2025, se realizaron transferencias de capital por $36.600 millones para infraestructura, aunque con un descenso interanual del 91%.

Además, el Decreto 805/2025 modificó el marco regulatorio de AySA, habilitando a la futura empresa privada a realizar cortes de suministro por falta de pago y garantizando la continuidad de los servicios para más de 11 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y 29 partidos del conurbano bonaerense.

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