El Gobierno confirmó que el proceso de privatización de AySA, la empresa estatal de agua potable y saneamiento del AMBA, se realizará mediante la resolución 1198 del Ministerio de Economía. La iniciativa establece la venta del 90% de las acciones en manos del Estado, mientras que el 10% restante pertenece a empleados bajo el Programa de Propiedad Participada.

La venta se hará en dos etapas: al menos el 51% de las acciones se adjudicará a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional, y el remanente se ofrecerá en la Bolsa de Valores.

Tasación y coordinación del proceso

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de coordinar la privatización y de contratar un banco público para tasar las acciones, tras no haber podido completarse la valuación por parte del Tribunal de Tasaciones.

El Gobierno aseguró que el proceso no afectará el servicio de agua potable y cloacas, y que la Secretaría de Obras Públicas se encargará de elaborar la documentación técnica y contractual, incluidos los contratos de concesión.

Plazos y expectativas

La venta inicial del paquete mayoritario deberá concretarse en ocho meses, mientras que la colocación del remanente buscará mantener una participación mínima del Estado. El anuncio de la licitación se espera para finales de 2025, y la adjudicación se proyecta para 2026.

Según el Ejecutivo, la privatización responde a la "profunda crisis económica que limita la capacidad del Estado para sostener y expandir el servicio público" y al "creciente deterioro operativo y financiero" de AySA, que requirió transferencias del Tesoro por US$13.400 millones entre 2006 y 2023.