Los gobernadores incrementaron la presión sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, ante la discusión del Presupuesto 2026. En la antesala de las sesiones extraordinarias, los mandatarios provinciales reclaman el pago de deudas acumuladas por convenios que la Nación incumplió, desde obras viales hasta subsidios energéticos. Pese a la llegada de Diego Santilli al Ministerio del Interior, aún no existe un borrador oficial con las modificaciones.

Deudas por obras y reclamos patagónicos

Santa Cruz reclama $11.000 millones correspondientes a convenios con Vialidad Nacional, deuda que afecta también a otras provincias patagónicas. Ileana Zarantonello, titular de Vialidad de Tierra del Fuego, fue designada vocera regional. "No pedimos más, pedimos que cumplan lo que deben", aseguraron desde el entorno de Claudio Vidal.

A esto se suma la preocupación por el deterioro de las rutas y el modelo de peaje impulsado por la Nación, cuestionado por empresarios debido a que solo sería viable en 9.000 kilómetros, dejando afuera otros 31.000 de bajo tránsito.

Zonas Frías y subsidios recortados

El reclamo también alcanza a los subsidios por Zonas Frías: Santa Cruz denuncia una deuda de $15.000 millones. El proyecto de Presupuesto 2026 enviado en septiembre elimina la ampliación del régimen implementado en 2021, lo que excluye a más de 3 millones de hogares de sus descuentos en la factura de gas.

Aunque en el Gobierno señalan que el problema se resolvería con el nuevo esquema de subsidios que regirá desde enero de 2026, las provincias exigen precisiones.

Cajas previsionales y un punto crítico

Las cajas previsionales provinciales son el elemento más conflictivo. El proyecto prevé transferencias por $122.762 millones, pero limita el acceso solo a jurisdicciones con déficit reconocido por Anses desde 2021. Los gobernadores reclaman ampliar ese criterio y garantizar fondos que consideran insuficientes.

Mientras tanto, la negociación avanza poco y sin documentos concretos. Los mandatarios exigen previsibilidad y el cumplimiento de los acuerdos vigentes, en un escenario donde la aprobación del Presupuesto 2026 se convierte en un test clave de gobernabilidad para la Nación.