El Ejecutivo provincial dio por finalizado el sumario administrativo contra un profesor de la Escuela de Comercio N° 1 "General Manuel Belgrano". La investigación, que se extendió por casi un año, concluyó que el agente incurrió en faltas gravísimas al incumplir los deberes de su cargo y vulnerar la integridad de las estudiantes. 

La sanción de exoneración es la máxima prevista en el Estatuto Docente, lo que implica no solo el despido, sino la inhabilitación perpetua para ocupar cargos en cualquier nivel del sistema educativo provincial (titular, interino o suplente).

El origen del caso: pruebas digitales y testimonios

La causa se activó en 2025 a partir de la denuncia de la madre de una de las víctimas. El expediente cuenta con pruebas que los instructores del sumario consideraron "contundentes":

Mensajes personales: envío frecuente de chats fuera del horario escolar.

Preguntas inapropiadas: interrogantes de carácter personal y sexual que excedían el vínculo pedagógico.

Transferencias y pagos: el docente pagaba desayunos y realizaba transferencias de dinero a las menores bajo el pretexto de "gastos escolares".

Material digital: envío de contenido audiovisual inapropiado a través de aplicaciones de mensajería.

Un fallo basado en la protección integral del menor

En los fundamentos del decreto, las autoridades remarcaron que el docente traicionó la confianza depositada por la institución y las familias. El ámbito escolar debe ser un espacio de protección, contención y desarrollo, y el accionar del profesor fue tipificado como una vulneración directa a los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNyA). La celeridad en la resolución del sumario busca, según señalaron fuentes oficiales, reafirmar el compromiso de la provincia con la tolerancia cero ante casos de acoso o abuso de poder.

Consecuencias administrativas y penales

La exoneración dictada hoy cierra la vía administrativa, quitándole al docente todos sus derechos laborales dentro del Estado. No obstante, este antecedente administrativo suele ser el paso previo o paralelo a la instancia penal, donde la Justicia deberá determinar si las conductas descriptas constituyen delitos tipificados en el Código Penal. Por el momento, la inhabilitación de por vida garantiza que el individuo no vuelva a tener contacto con menores de edad dentro de las escuelas públicas o privadas bajo jurisdicción provincial.