Caso Paulina Lebbos

"El Militar" Sosa: de custodio del poder al banquillo por femicidio

La investigación reveló que Felipe Sosa trabajó para el exsecretario de Seguridad Eduardo Di Lella. El sospechoso también es investigado por narcotráfico y manejo de seguridad privada.

El prontuario y los contactos de Felipe "El Militar" Sosa han dejado de ser un asunto estrictamente policial para convertirse en un escándalo político en Tucumán. Registros del segundo juicio por el crimen de Paulina Lebbos confirman que Sosa actuaba como custodio personal de Eduardo Di Lella, quien fuera el máximo responsable de la Seguridad provincial y terminó condenado por encubrir el asesinato de la joven estudiante en 2006. Esta relación no era solo laboral, sino que existirían vínculos familiares entre ambos.

Felipe "El Militar" Sosa es controlado por policías en la puerta de la sala de audiencias en febrero de 2018.

Un vínculo forjado en los pasillos de Tribunales

La figura de Sosa era habitual en las audiencias del Caso Lebbos. Alberto Lebbos, padre de Paulina, ratificó que el ahora acusado de femicidio "estuvo siempre" protegiendo al exfuncionario durante el debate oral. Este respaldo se tradujo también en beneficios empresariales: en 2012, mientras Di Lella ocupaba cargos estratégicos, Sosa logró la habilitación de su empresa, Seguridad Objetiva, consolidando su presencia en el rubro de la vigilancia privada en la provincia.

Entre el femicidio de Érika Álvarez y el narcotráfico

La situación procesal de Sosa es cada vez más comprometida. Además de la imputación por el asesinato de Érika Antonella Álvarez, la Justicia Federal sigue de cerca sus movimientos por presuntos vínculos con la venta de drogas sintéticas. Testimonios en el expediente lo señalan como un posible proveedor de sustancias en fiestas electrónicas clandestinas, una línea de investigación que se suma a su procesamiento por tenencia de estupefacientes tras el hallazgo de un centro de cultivo de marihuana en su casa de Yerba Buena en 2023.

Una trama de influencias bajo la lupa judicial

La aparición de estos antecedentes refuerza la hipótesis de que Sosa contaba con una red de protección que entrelazaba ámbitos políticos, empresariales y judiciales. Los investigadores buscan determinar si estos contactos fueron utilizados para desviar las primeras etapas de la búsqueda de Érika Álvarez o para facilitar actividades ilícitas vinculadas al narcomenudeo de diseño. La sombra del encubrimiento, una constante en la historia criminal tucumana, vuelve a proyectarse sobre este caso.

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El impacto en la causa y el reclamo de justicia

Para la querella y las organizaciones sociales, los nexos de "El Militar" con Di Lella explican la supuesta impunidad con la que el acusado se movía en la noche tucumana. El avance de la causa por el femicidio de Álvarez ahora depende de desarmar esta estructura de influencias. La sociedad civil, movilizada por casos previos como el de Lebbos, exige que el peso de la ley caiga sobre Sosa, evitando que los antiguos vínculos con el poder político vuelvan a empañar la búsqueda de verdad y justicia.

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