En pocas palabras, el nuevo Decreto 373/2025, firmado por Javier Milei y publicado esta semana en el Boletín Oficial, modifica una ley clave -la 27.654- que garantizaba derechos básicos a personas que viven en la calle o están a punto de hacerlo.

El cambio es profundo: el Estado nacional se corre del rol de asistencia directa y deja toda la responsabilidad en manos de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. En teoría, la Nación puede colaborar "si hace falta", pero ya no se hace cargo. "Se lavan las manos", sintetizó una fuente técnica consultada por ENTERATE NOTICIAS.

Y no es exagerado. Porque además de redefinir los roles, el decreto borra un artículo clave que obligaba a mantener los programas sociales que ya estaban en marcha. Es decir, ahora el Gobierno podrá cortar planes sin que haya una ley que lo impida.

Detrás del lenguaje técnico, lo que hay es una decisión política: achicar el Estado, incluso donde duele. ¿Y a quién afecta? A la gente que duerme en plazas, en umbrales, en ranchos prestados. A quienes sobreviven con lo justo. A los que, sin red estatal, directamente se caen.

En lugar de una política federal y coordinada, ahora cada provincia deberá hacer lo que pueda. Y eso -sabemos bien en el Norte- es una forma elegante de decir que, en muchos lugares, no habrá ayuda.

"El que no tiene techo va a tener que esperar que su provincia se haga cargo.Y si no puede, mala suerte", graficó otra fuente del sector social. Desde el Gobierno argumentan que cada jurisdicción conoce mejor su territorio, y que esto hará más eficiente la respuesta.

Pero lo cierto es que, sin un respaldo real de Nación -técnico, económico y logístico-, el derecho a una vivienda digna empieza a depender del código postal. Mientras tanto, en las calles, nada cambió. La gente sigue durmiendo en cartones. Lo único distinto es que ahora el Estado nacional ya no está obligado a ayudar.