Más de 100.000 ciudadanos se inscribieron a las audiencias públicas para debatir las reformas a la Ley de Glaciares, pero el oficialismo solo permitirá hablar a aproximadamente 400 participantes. La decisión desató una ola de críticas de organizaciones que acusan al Gobierno de vaciar la participación pública.

"102.116 personas son las que se inscribieron. Es un número histórico. En ninguna audiencia pública que se haya hecho en nuestro país hubo tantos inscriptos. Eso demuestra la necesidad de la gente de expresarse sobre esta reforma", explicó Agostina Rossi, bióloga e integrante de Greenpeace, en diálogo con Enterate Play.

La especialista resaltó que Argentina tiene leyes ambientales que reafirman el Acuerdo de Escazú. Así, las instancias de debate sobre temáticas ambientales deben contar con participación ciudadana. Sin embargo, calificó a las recientes restricciones como un "absurdo".

"A todos los que quedamos afuera nos mandaron un mail diciéndonos que podíamos mandar una ponencia escrita o subir un video a nuestro canal de YouTube para compartirlo a los diputados. Probablemente hablen menos de 300 y todos los demás nos vamos a quedar sin ser escuchados. Por lo tanto, esto no es una audiencia pública", criticó.

El impacto de la reforma: ¿Por qué peligra la protección de los glaciares?

Rossi también ponderó la importancia de la ley y analizó las consecuencias de una reforma. Bajo el esquema actual, la norma fija presupuestos mínimos de protección, de forma tal que establece una base de protección que debe respetarse en todo el territorio nacional. Si las provincias desean aumentar esa protección pueden hacerlo, pero nunca pueden "ir por debajo de ese nivel".

Con la reforma planteada por el oficialismo, cada provincia tendría la última palabra y podría definir qué protege y de qué manera. "El problema central es que las provincias no van a tener el mismo criterio de protección. Todos los glaciares tienen funciones hídricas relevantes porque son reservas estratégicas de agua dulce. Por eso es que los tenemos que proteger", afirmó la bióloga.

Glaciares y agua dulce: una reserva estratégica que afecta a todo el país 

El criterio de protección mínima a nivel nacional no es caprichoso. Según las declaraciones de la especialista, las cuencas que nacen en las zonas de glaciares y en los ambientes periglaciares no están únicamente en las provincias cordilleranas, sino que atraviesan gran parte de nuestro territorio. Casi el 20% de los argentinos recibe de manera directa ríos que tienen agua de deshielo, mientras que el resto consume productos cultivados en esa zona. "En mayor o menor medida, las decisiones que tomen las provincias cordilleranas nos van a afectar a todos", complementó.

El debate por las reformas se ubicó en una dicotomía recurrente durante los debates ambientales: la protección ambiental o el desarrollo económico. Mientras el oficialismo argumenta que esta reforma está destinada a impulsar la actividad económica y las inversiones, las organizaciones ambientales buscan desarmar este discurso. "Esta ley no nace para impedir el desarrollo, nace para defender el agua. Si uno quiere un desarrollo serio y sostenible en el tiempo, de mínima necesita agua para mantenerlo en el tiempo", concluyó Rossi.