La informalidad laboral dejó de ser solo una condición precaria del empleo para convertirse en un determinante estructural de la pobreza infantil. Un relevamiento privado -basado en datos de la UCA y otras fuentes- mostró que el 51% de las niñas, niños y adolescentes de hogares con adultos trabajadores informales sufre inseguridad alimentaria, el mayor nivel desde al menos 2010.

El dato marca un retroceso en indicadores clave de bienestar infantil y supera los picos de las crisis recientes: en 2020, en plena pandemia, la cifra fue del 49%; en 2019, en medio de la recesión, fue del 43%.

Aunque programas como la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar logran mitigar parcialmente el problema, las condiciones estructurales del mercado laboral -con un 42% de informalidad- anulan su efecto pleno. De hecho, cinco de cada diez trabajadores informales son pobres, a pesar de estar empleados.

El impacto es aún más crítico en hogares monoparentales y numerosos. En los hogares con jefes o jefas informales, la inseguridad alimentaria supera los 50 puntos, mientras que en hogares con trabajo formal cae al 11%. Esta diferencia refleja la estrecha relación entre condiciones laborales y acceso a la alimentación.

Otros datos clave del informe:

La inseguridad alimentaria infantil general alcanzó al 35,5% en 2024, mientras que la severa (pasar hambre o reducir comidas) llegó al 16,5%.

Las regiones del NOA, NEA y Cuyo lideran en niveles de informalidad y de inseguridad alimentaria.

En hogares monoparentales, el 43% de los chicos sufren inseguridad alimentaria, frente al 32% de hogares biparentales.

En hogares con 5 o más integrantes, la incidencia es del 44%, contra el 24% en los que tienen menos integrantes.

La escuela también juega un rol protector: los hogares con adultos sin educación formal completa muestran mayores niveles de inseguridad alimentaria en sus hijos.