Para entender la histórica obsesión de José Alperovich con el control judicial, es necesario retroceder al final de los 90. Cuando todavía era ministro de Economía de Julio Miranda, la entonces Fiscalía Anticorrupción liderada por Esteban Jerez lo mantuvo bajo un asedio constante con múltiples causas penales. Esa experiencia marcó un antes y un después en la visión alperovichista del poder.

No fue casualidad que, tras llegar a la gobernación, derogó el Consejo Asesor de la Magistratura que había creado Ramón Ortega que autolimitaba las facultades del Poder Ejecutivo para designar jueces.

Luego impulsó una reforma constitucional diseñada para extender su dominio sobre el Poder Judicial, el estamento que más dolores de cabeza le había causado a él y a su entorno familiar.

La resistencia de los constitucionalistas

El avance sobre las instituciones no pasó inadvertido. Los abogados constitucionalistas Carmen Fontán y Luis Iriarte fueron las voces principales que impugnaron el corazón de la nueva Carta Magna. A esta batalla legal se sumó el Colegio de Abogados de Tucumán denunciando un diseño institucional a medida del Ejecutivo.

El fallo de la Corte Nacional: Un freno al "Estatuto del Poder"

La controversia escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que finalmente declaró la inconstitucionalidad de un extenso listado de artículos (41, 43, 48, 49, 59, 67, 68, 101 y 155). Estas normas no eran detalles técnicos; eran los pilares de la organización del poder y el sistema electoral en la provincia.

Los puntos más críticos que la Justicia nacional anuló fueron:

• Juicio Político (Art. 48 y 49): La reforma buscaba alterar las mayorías especiales necesarias para destituir a un gobernador o vice, garantizando una protección casi total frente a denuncias graves.

• Consejo de la Magistratura y Ministerio Público: La estrategia alperovichista apuntaba a asegurar una mayoría oficialista absoluta para designar jueces y fiscales, eliminando el equilibrio de poderes.

Un legado de inconstitucionalidad

A 20 años de aquella gesta política, el saldo es una Constitución "parcheada". La ambición de aquel oficialismo por diseñar instituciones con sello propio chocó con los límites de la Constitución Nacional, dejando artículos que, al día de hoy, permanecen bloqueados y sirven como recordatorio de una época donde la política intentó devorar a la justicia.

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